3 de marzo de 2026

El IPS, bajo la gestión de Jorge Brítez, validó pagos millonarios en 2024 y 2025 mediante “acuerdos extrajudiciales” con diferentes proveedores basados en un dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) limitado al presupuesto 2023. La Dirección Jurídica, a cargo de José “José’i” González, aplicó de forma discrecional este documento para habilitar el rubro 915 “Gastos Judiciales”, pese a que el MEF había advertido que contratar servicios sin respaldo presupuestario infringe la Ley de Administración Financiera del Estado.

El decano de la Facultad de Derecho de la UNA, Carlos Gustavo González, dispuso enviar al director jurídico del IPS, José “José’i” González Maldonado, ante el Tribunal de Ética. La decisión surge tras conocerse su significativo crecimiento patrimonial y el sugestivo cobro de G. 412.500.000 en concepto de honorarios por parte del también docente de esa casa de estudios. González Maldonado declaró y facturó el millonario monto como un ingreso exclusivo suyo pese a la participación de más profesionales.

La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ) visitó ayer el Instituto de Previsión Social (IPS) tras no recibir respuestas a los cuestionamientos planteados en reunión con la Comisión Permanente días atrás. Desde el predio de la previsional, la legisladora apuntó contra las anteriores autoridades por la falta de medicamentos e insumos y envió un mensaje directo al presidente Santiago Peña: “Esto no puede continuar de esta manera”.

La cartera en dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) en Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA), emitidos y garantizados por entidades financieras bajo la Ley N° 861/1996, ascendió a US$ 137.448.750 a diciembre de 2025.

El expediente judicial que se tramitó ante la jueza de la Capital Marisa Vargas para el cobro de G. 10.781 millones por parte del IPS al Consorcio Hotelero Sudamericano SA (Jorge López Moreira) desmiente al director jurídico de la previsional, José González, sobre la cantidad real de abogados que intervinieron en representación de la institución. Mientras el alto funcionario afirmó haber repartido con otros tres colegas los G. 412.500.000 de honorarios, los documentos confirman que en realidad seis abogados tuvieron intervención en el proceso. Pese al trabajo grupal, González declaró y facturó el monto total como ingreso exclusivo suyo ante Contraloría y la DNIT.

Ante el caso de crecimiento patrimonial del Director Jurídico del IPS, José González, el Contralor General de la República, Camilo Benítez Aldana, explicó si es posible que un funcionario público cobre dinero en concepto de “honorarios”. Sobre el caso en sí, Benítez confirmó que la investigación “recién está empezando”.