AYOLAS. La presidenta de la comisión proplaza de la fracción Sirena Rural, Beatriz Maidana, manifestó que tienen inconvenientes con los supuestos solicitantes de tierras al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), quienes, desde hace cinco años, poseen certificados de ocupación vencidos. Hasta la fecha, no han realizado ningún tipo de mejoras, como establece el Estatuto Agrario.
Niños que acompañan a sus padres campesinos que protestan frente al Indert siguen dando clases en la calle, en una improvisada aula de carpas, además a la intemperie, exponiéndose a la inestabilidad climática. Desde hace 67 días, están instalados en el sitio exigiendo tierras, según precisaron los manifestantes.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cuya titular es Alicia Pucheta, solicitó un aumento presupuestario de un poco más de G. 218 millones correspondiente al ejercicio fiscal 2024, para la creación de dos direcciones generales con salarios de G. 17 millones y un cargo profesional. Este pedido está en el punto nueve de la orden del día de la Cámara de Diputados convocada para las 09:00.
Alumnos de una escuela del departamento de Caazapá dan clases en la calle, ya que los mismos acompañan a sus padres para reclamar tierras para poder cultivar. La docente que acompaña a los niños dijo que como los padres son de escasos recursos, ya no pueden pagar para darles de comer, asistencia de salud ni los elementos básicos para la educación.
Los miembros del Movimiento Campesino Paraguayo se encuentran desde hace 53 días protestando frente a la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Resaltaron que tienen una promesa que debería concretarse esta semana, pero lamentaron que en este feriado largo se quedaron sin acceso a baños, agua ni alimentos. Lamentaron que esto pase mientras Santiago Peña esté “turisteando por Estados Unidos” y rogaron a la ciudadanía asistencia y donaciones, al menos para los niños. “Los adultos podemos aguantar, pero ellos no”, expresaron.
Según confirmó el propio titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Franciso Ruiz Diaz, son aproximadamente 300.000 las familias que serían beneficiadas con la validación de los títulos de propiedad para la adjudicación de viviendas.