18 de julio de 2025
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió, en forma unánime, iniciar una investigación preliminar sobre dos miembros del Tribunal de Apelación Penal de Caazapá. Los magistrados habían votado para que se le otorguen medidas alternativas a la prisión preventiva a un agente policial, procesado por abuso sexual sobre su hijastra de 8 años.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dispuso la investigación preliminar para determinar responsables de la prescripción de la causa de lesión de confianza que involucró a exministros de Agricultura. Así también, investiga la responsabilidad de la fiscala Katia Uemura en un caso de narcotráfico que involucra a su marido. De igual manera, el Jurado investiga la licitud de una multimillonaria regulación de honorarios de G. 10.000 millones.
Por unanimidad de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que sesionaron e este viernes en una extraordinaria, decidieron iniciar una investigación preliminar previa de oficio, sobre el escándalo producido por unos 12 audios filtrados en los que se escucha cómo pagaron a una jueza y a una fiscala para beneficiar al procesado por narcotráfico Walter Galindo.
Por pedido del senador Ramón Retamozo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) realizará una investigación preliminar a tres casos donde jueces y fiscales habrían incurrido en mal desempeño de funciones. Uno de los casos tiene que ver con la fiscala que acusó de forma extemporánea a agentes de la Senad quienes habrían filtrado información a un capo mafioso.
La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar a 177 funcionarios judiciales que se habrían candidatado para cargos partidarios, como así también a los que votaron en las elecciones internas de partidos políticos para las municipales del 2021.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó por medio de oficios a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General, para que informen sobre la cuestionada participación de jueces y fiscales en las internas partidarias del año pasado. Los operadores de justicia están obligados a solicitar la suspensión de sus afiliaciones, como así también tienen prohibido votar en estas internas.