20 de junio de 2025
El Tribunal de Sentencia que está a cargo del juicio oral y público al ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube, en una causa que derivó del caso “A Ultranza Py”, rechazó excluir las pruebas claves del Ministerio Público, que las defensas atacan de ilegales. La acusación fiscal es por una supuesta asociación orquestada para direccionar las licitaciones de la institución estatal.
El exministro de la SEN Joaquín Daniel Roa Burgos y el empresario Alberto Koube Ayala afrontarán juicio oral y público, resolvió el juez Rodrigo Estigarribia. Ambos están procesados por varios ilícitos, derivados del operativo A Ultranza Py.
El exministro de la SEN Joaquín Daniel Roa Burgos y el empresario Alberto Koube Ayala afrontarán juicio oral y público, resolvió el juez Rodrigo Estigarribia, poco antes del mediodía. Ambos están procesados por varios ilícitos, por la presunta asociación que orquestaron para el desvío de G. 16.080 millones con supuestas licitaciones que fueron adjudicadas a firmas del segundo y tras el cual, el exsecretario de Estado recibió un yate de US$ 450.000.
La audiencia preliminar al exministro de la SEN Joaquín Roa y al empresario Alberto Koube tendrá continuidad hoy con la contestación de incidentes por parte de la Fiscalía, cuya acusación fue atacada con pedidos de nulidad. Una vez resueltos los recursos, el juez Rodrigo Estigarribia deberá resolver si eleva o no la causa a juicio la causa desprendida del caso A Ultranza.
La audiencia preliminar a Joaquín Roa, exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional y al empresario Alberto Koube continuará mañana. Los abogados de los procesados piden la nulidad de la acusación, mientras que la fiscalía se mantiene en que existen todos los indicios para elevar a juicio oral la causa.
El fiscal Silvio Corbeta se ratificó en los hechos acusados en relación al exministro de SEN Joaquín Daniel Roa Burgos y el empresario Alberto Koube Ayala durante la audiencia preliminar iniciada este lunes. Según la Fiscalía, el exsecretario estatal se habría asociado para beneficiarse con una lujosa embarcación a cambio del desvío de G. 16.080 millones con la simulación de llamados a licitaciones.