El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA) indicó que es probable que hoy se presente el libelo acusatorio en contra de Orlando Arévalo, por los escandalosos chats con Eulalio “Lalo” Gomes. Señaló además que, antes de aprobar algún cambio específico a la ley que regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, se debe hacer un estudio de fondo.
El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A) intentó justificar el voto de seis liberales que apoyaron a cartistas para rechazar la suba del impuesto al tabaco. Ahora piden que el Gobierno busque fondos para enfermos de cáncer.
El presidente de la Comisión de Legislación, Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A) rechazó la acusación de los tabacaleros de que supuestamente “tiene fines de revanchismo político” el proyecto de ley que busca aumentar 2% el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de Tabaco para destinar a un fondo blindado para costear el tratamiento de enfermos con cáncer. Sostuvo que podrían ajustar algunos detalles de técnica legislativa para que la iniciativa sea efectiva.
El diputado Jorge Ávalos Mariño, líder de la bancada A del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en Cámara Baja, indicó que no todos los miembros de dicho bloque se sumaron automáticamente al recientemente creado movimiento Nuevo Liberalismo de su partido, que aglutina a exllanistas y opositores.
El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A) recordó que un proyecto de ley en el mismo sentido que plantea el Contralor General de la República, Camilo Benítez, es decir, que el Tribunal de Cuentas reciba documentos como “segunda instancia” y previa auditoría de la Contraloría, ya se había planteado años atrás e igual se rechazó en el Congreso. No obstante, dijo, tras diálogo previo con el Ejecutivo, está dispuesto hacerse caso de volver a presentar el proyecto.
El proyecto de ley que busca castigar el desacato legislativo presenta un defecto de forma y origen, por lo que debe ser archivado, según argumentó el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño. Agregó que la alternativa es presentar otro plan para establecer penas al desinterés de autoridades en cumplir con los pedidos de informes del Congreso.