31 de agosto de 2025
Un documento oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, remitido formalmente por el Poder Ejecutivo a la “Comisión Especial para el Estudio de la Situación Financiera y la Sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público” de la Cámara de Diputados, señala que el déficit galopante de la Caja Fiscal se debe a la disparidad de beneficios que no pueden ser financiados con un mismo aporte del 16%. Pero mientras este informe indica que es crucial y perentoria una reforma que eleve e iguale la edad de retiro y los años de aportes de los funcionarios públicos, el presidente Santiago Peña abiertamente respaldó la jubilación vip de los propios parlamentarios y esa misma Cámara de Diputados, con mayoría cartista, sancionó hace muy poco un proyecto de ley para autoasignarse todavía más privilegios.
El portafolio global de inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS) asciende a G. 19 billones, cifra que equivale a aproximadamente US$ 2.400 millones al tipo de cambio de G. 7.994,25 por dólar observado al primer trimestre de 2025. Este volumen representa uno de los pilares financieros más relevantes del sistema previsional del país, y su correcta administración resulta clave para garantizar la sostenibilidad de las jubilaciones y otros beneficios que ofrece el seguro social.
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, habló ayer sobre la crisis que existe en la caja de jubilaciones del personal estatal. Dijo que la reforma en el sistema es el próximo proyecto de ley que impulsará, desde este año, y destacó que lo principal es revisar la edad mínima establecida para pasar a retiro, que ahora es “cualquier cosa” debido a la asimetría entre las diferentes cajas.
A propósito del Día de la Seguridad Social, celebrado días pasados, se acaba de actualizar un dato dramático. Ya con todos los ajustes realizados por el número real de habitantes que arrojó el último Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, apenas el 30% de la población económicamente activa está aportando a algún sistema jubilatorio, lo que significa que, si todo sigue igual, cuanto menos dos millones de personas que hoy trabajan, a lo que debe sumarse otro millón de mayores de quince años que no están en el mercado laboral, llegarán a la tercera edad sin una mínima pensión propia por la que hayan contribuido, lo cual, si no se hace algo al respecto, se constituirá en un peso insoportable para las finanzas públicas. Para tener una idea de la extrema gravedad de esta situación, si en un futuro relativamente cercano el Estado paraguayo tuviera que hacerse cargo, como indefectiblemente va a ocurrir de una manera o de otra, de tres millones de personas sin ingresos que ya no estarán en condiciones de producir, para otorgarles apenas una exigua asistencia equivalente a la mitad de un sueldo mínimo, a valores de hoy se necesitarán 6.300 millones de dólares al año solo para ese fin, una suma que excede con creces el total de los presupuestos combinados de salud, educación, infraestructura y seguridad. Y estas son cifras bastante conservadoras, porque, si no se toman medidas, el contingente de retirados sin jubilación será mucho mayor.
Desde el IPS justificaron la alianza con ueno bank para la renovación de la prueba de vida que se solicita a los jubilados para el cobro de sus haberes. Esta entidad bancaria es una de las “mimadas” por el Gobierno, conforme a investigaciones periodísticas.
La gerente financiera del Instituto de Previsión Social explicó los motivos tras la decisión del consejo de administración de la previsional de volver a utilizar las ganancias de inversiones de la reserva técnica para financiar el pago de haberes jubilatorios.