SAN PEDRO. Se desarrolla con normalidad el juicio oral y público a Venancio Centurión Monges , acusado de asesinar a una adolescente de 17 años en junio de 2020, presuntamente en venganza contra su expareja. El proceso se encuentra en la etapa de declaración de testigos, mientras la comunidad y la familia de la víctima siguen de cerca el caso que conmocionó a la población.
En sesión ordinaria la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó los pedidos de reconsideración de cinco magistrados, suspendidos sin goce de salario por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Entre los sancionados figuran dos juezas que beneficiaron con el arresto domiciliario a un narcotraficante, condenado a 26 años de cárcel.
El empresario periodístico Christian Alfredo Chena Núñez acusó de mal desempeño de funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a la jueza Gloria Josefina Machuca, quien había ordenado que se le mencione a la abogada Gisele Zuni Mousques de Filártiga, tras una denuncia que promovió por “violencia contra la mujer”. Alegan que la jueza incurrió en censura previa, entre otros hechos y solicita su remoción.
Por mayoría de sus miembros, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió procesar al juez Penal de Garantías Miguel Ángel Palacios, por supuesto mal desempeño de funciones. El voto en disidencia fue del ministro Manuel Ramírez Candia, quien sostuvo que no había causales de mal desempeño de funciones.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dilata analizar las causas donde estarían involucrados jueces y fiscales que habrían beneficiado al usurero Ramón González Daher (RGD), y sin embargo, estudia casos en donde fiscales ya fueron absueltos con anterioridad de esta responsabilidad.
En una confusa sesión, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con votos de tres miembros cartistas evitó que el juez en lo civil Édgar Agustín Rivas Laguardia sea por lo menos investigado por supuesto mal desempeño de funciones, por una sospechosa condena de casi US$ 45 millones a una empresa brasileña. El Jurado analizó la nota del abogado de la firma afectada, pero los miembros ya preopinaron que no admitirán el inicio de una investigación. Rivas Laguardia había regulado honorarios en unos US$ 4 millones a favor de abogados de Darío Messer para frenar embargos y secuestros de bienes del doleiro de doleiros.