Si bien estamos en plena feria judicial y los actores de la Justicia se llamaron a tregua, ya prácticamente al concluir el pasado año, se fueron definiendo los puestos claves en el sistema, como siempre ocurre desde el mentado pacto de gobernabilidad de los años 90.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dio apertura al proceso contra las juezas de Paz Analia Cibils Miñarro y Liliana González de Bristot, suspendidas por la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en el caso “mafia de los pagarés”. El 19 de febrero de 2025 es la fecha límite para presentar acusación contra las magistradas.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió abrir una investigación preliminar contra el juez Carlos Raúl Zelaya Mendoza, por aparente mal desempeño de sus funciones. El juez había dispuesto la prisión domiciliaria de un supuesto “pirata del asfalto”.
El senador Ramón Retamozo (ANR, Independiente) se resignó tras atornillarse a la Mesa Directiva del Senado y aceptó la objeción total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que pretendía conceder un “aumentazo” salarial para su hija, quien siendo funcionaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) pretendía acceder a una dirección general.
Una dilatada disputa gira en torno a un valioso inmueble valuado en más de US$ 6 millones en el barrio Ka’aguy Kupe de Mariano Roque Alonso. Tras la denuncia que presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el abogado Pedro Lobo, de una supuesta inacción del Ministserio Público, también un abogado de nombre Estanislao Llamas, sostiene que el inmueble en cuestión le pertenece y que posee el título de propiedad.
El abogado Pedro Lobo denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ser víctima de “una rosca” que busca apropiarse de una valiosa propiedad de US$ 6 millones ubicada en el barrio Ka’aguy Kupe de Mario Roque Alonso que le pertenece.