3 de abril de 2025
El Senado aprobó por mayoría pedidos de informes a la Itaipú Binacional y al Ministerio de Educación sobre los pupitres chinos, pero, tal como se hizo en Diputados, negó que el pleno emita una declaración que insta a suspender la cuestionada compra de dichos pupitres.
El senador Gustavo Leite (ANR-HC) pidió ayer al presidente Santiago Peña que deje sin efecto la licitación de Itaipú Binacional para la compra de pupitres chinos para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) por casi US$ 32 millones. Argumentó que en Paraguay hay industria para fabricar muebles. “Nuestra plata es, ¿por qué vamos a darles a los chinos?, dijo el legislador al cuestionar un proceso que tiene “olor por todos lados”.
La millonaria compra de pupitres chinos por parte de Itaipú generó cuestionamientos de varios sectores e incluso una denuncia penal. Además del presunto direccionamiento, se señala una alta sobrefacturación. El director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, se mostró evasivo al ser consultado sobre el tema.
El MOPC e Itaipú firmaron un convenio para financiar la pavimentación de 1.000 km de caminos urbanos en todo el país, con una inversión de US$ 100 millones. El proyecto ejecutarán con fondos obtenidos tras la renegociación de la tarifa de Itaipú entre nuestro país y Brasil. La binacional, luego de los “pupitres chinos” se encargará de realizar las licitaciones, razón por la cual se cree que pretenden una vez más evadir los controles de la ley de Contrataciones Públicas.
La Itaipú binacional, a cargo de Justo Zacarías Irún, pretende firmar un contrato con la empresa Kamamya SA, de Long Jian, en el cual se podrá pagar anticipo por la compra de pupitres chinos, por casi US$ 32 millones. Lo grave es que en dicha cláusula no se precisó un porcentaje de cobro, echando así por tierra las declaraciones del superintendente de comunicación de la entidad, José Luis Rodríguez Tornaco.
La millonaria adjudicación para la compra de sillas por parte de Itaipú Binacional motivó una denuncia penal ante el Ministerio Público regional de Ciudad del Este. La acción va dirigida tanto contra empleados de la entidad como contra la empresa privada que obtuvo la licitación. El monto cuestionado asciende a casi 32 millones de dólares.