28 de enero de 2026

El ministro Superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Dr. Eugenio Jiménez Rolón, dispuso la intervención de auditores, la realización de un inventario y la adopción de medidas de resguardo documental en el Juzgado de Paz de Luque. La decisión se da luego de constatar la existencia de expedientes judiciales que presuntamente no estaban en trámite ni registrados en los sistemas administrativos del juzgado, en una dependencia de la sede.

En la acusación presentada contra 61 encausados por el caso “mafia de los pagarés” el Ministerio Público revela un rosario de irregularidades en la tramitación de expedientes en los juzgados de Paz de La Catedral 2° Turno, La Encarnación, San Roque y La Recoleta. De 2.271 expedientes analizados, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero detectaron 791 casos de notificaciones “voladoras” y otras anomalías en 675 resoluciones dictadas por los jueces acusados.

El Ministerio Público presentó acusación contra cuatro jueces de Paz por el esquema conocido como la “mafia de los pagarés” y piden que vayan a juicio junto 8 ujieres, 9 actuarios, 13 oficiales de Justicia y 27 abogados por presunto prevaricato, producción de documentos no auténticos y otros hechos punibles. La colaboración de 4 ujieres fue fundamental para que la Fiscalía confirme su teorías sobre el funcionamiento de la organización criminal, que era encabezada por los propios magistrados. Estos se quedaban con “la mayor parte de dinero”.

Un Tribunal de Apelación confirmó la admisión de la imputación contra la jueza de paz de La Encarnación, Analía Cibils, por parte del juez Rodrigo Estigarribia. La magistrada está investigada por el Ministerio Público como presunta integrante de un esquema de fraude conocido como la “Mafia de los pagarés”.

La Corte Suprema de Justicia resolvió investigar la desaparición de 2.500 expedientes del Juzgado de Paz del barrio San Antonio, en Asunción, vinculados al caso conocido como “mafias de los pagarés”. La denuncia fue realizada por el juez interino de la sede, y el caso se tramita en la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia. La Corte reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia en la gestión judicial.

La Corte Suprema de Justicia resolvió remitir al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a la Fiscalía el resultado de auditorías realizadas a juzados de Paz de Villa Elisa y Lambaré. Los jueces y funcionarios, en la mira de la justicia a raíz de una serie de irregularidades, ya tienen pedido de suspensión.