El trabajo de investigación, que arrancó a finales de diciembre del año pasado, hoy tiene a 60 imputados en el caso de la mafia de los pagarés, quienes se aprovechaban de personas de un sector socioeconómico bajo. Los afectados no tenían conocimiento de que habían sido citados a reconocer firmas y se enteraban de la situación recién con los descuentos de salario.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia revió la decisión adoptada hace dos semanas y dispuso que la suspensión del juez de Paz de Chaco’i Jorge Adolfo Franco Garelik sea sin goce de salario. Los ministros del máximo tribunal coincidieron que el magistrado, quien está prófugo en la causa por el supuesto esquema de estafa con la venta de autos, no puede cobrar un solo guaraní del impuesto de los paraguayos.
Una playa de autos se encuentra siendo investigada por la Policía Nacional en el marco de la investigación por un presunto esquema de estafas con complicidad del Juzgado de Paz ubicado en Nueva Asunción, Presidente Hayes. Varias víctimas denunciaron que sus autos fueron secuestrados solo debiendo una cuota e incluso pese a millonarios pagos. Se encontraron casi 70 expedientes en el primer allanamiento.
Ayer tuvieron sanción automática en Diputados dos proyectos de ley que se refieren a tasas en instituciones estatales, siendo el más llamativo el plan que pasa al Ejecutivo y que establece la gratuidad del trámite de “declaración de pobreza (insolvencia)”, eliminando la obligación de hacer la gestión mediante un abogado y las tasas respectivas.
LUQUE. La defensa del exdirigente deportivo Ramón González Daher (RGD), representada por el abogado Mario Elizeche, solicitó revisión de medidas y solicitó libertad ambulatoria para su cliente. Sin embargo, la jueza a cargo negó el pedido y el imputado por denuncia falsa seguirá con arresto domiciliario. La fiscal de la causa es Sandra Ledesma, quien al igual que la querella, se opusieron al pedido de revocación de la medida que pesa sobre RGD.
LUQUE. La fiscala de Luque, Sophia Galeano, imputó a cinco mujeres por los supuestos hechos punibles de asociación criminal, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Las mismas formarían parte de una red de falsificadores que se dedicarían a la apropiación ilegal de inmuebles de grandes dimensiones para luego comercializarlas.