18 de marzo de 2026

Un juzgado penal de garantías de Lambaré dispuso la rebeldía y orden de captura de Heber Hernán Cardozo Areco, quien no se presentó ante la convocatoria judicial en una causa por presunto uso y producción de documentos públicos falsos y estafa en el caso conocido como Mafia de los Pagarés.



Un Juzgado Penal de Garantías hizo lugar al sobreseimiento definitivo de los exdirectivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, con base en un dictamen de la cuestionada fiscala adjunta Patricia Rivarola Pérez que había sido anulado por la Cámara de Apelaciones. El perjuicio imputado por la Fiscalía a los exdirectivos fue de más de G. 2,5 billones.
CARAPEGUÁ. El juez Penal de Garantías de este municipio, Hilario Bustos, declaró la rebeldía y dictó orden de captura contra el padrastro imputado por el supuesto hecho de abuso sexual de su hijastra de 10 años. Esta mañana, un grupo de familiares de la menor, llegó a la sede judicial local a pedir justicia y cárcel para el procesado.

A partir de mañana, en el juzgado penal de Garantías N° 1 de Lambaré, se realizarán únicamente las audiencias de imposición de medidas para detenidos y de revisión de medidas. Por falta de funcionarios, las audiencias preliminares y para el estudio de eventuales reposiciones quedan suspendidas por tiempo indefinido. Esta tarde, la Corte Suprema de Justicia dispuso la apertura de una investigación.

Ante la ratificación de los fiscales de desestimar la investigación de supuesto soborno contra el exvicepresidente Hugo Velázquez Moreno y el exfuncionario de Yacyretá Juan Carlos “Charly” Duarte, el juez de la causa remitió los antecedentes a la Fiscalía General para que ratifique o rectifique el dictamen de sus agentes. Ambos habían sido declarados “significativamente corruptos” por el Gobierno de los Estados Unidos.

Un juzgado penal de garantías confirmó la prisión preventiva de Zulma Verónica Villalba Colmán y en cambio, decretó el arresto domiciliario de Jorge Miguel Aquino Riveros, en el proceso que enfrentan junto a otras personas por los hechos punibles de estafa y asociación criminal por la venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS). Aquino es hijo del abogado del exsenador colorado Juan Carlos Galaverna, Ramón Aquino, quien se jactó de sus influencias durante el allanamiento a su residencia,.