13 de mayo de 2025
Este 14 de mayo se cumplirán ya 15 meses de una de las mayores afrentas a la institucionalidad de uno de los poderes del Estado en la era democrática que culminó con la expulsión del Congreso Nacional de una senadora, Kattya González (ex-PEN), electa por un centenar de miles de votos que la legitimaron. En un claro mensaje “aleccionador” de sometimiento a la “corona” que ordena los lineamientos políticos en el Parlamento, en el Ejecutivo y probablemente en la Justicia paraguaya, Kattya González era expulsada de su banca luego de un juicio político en el cual una mayoría coyuntural obedecía con la orden de destitución. Y con ello, se generaba el quiebre institucional que solo podría ser enmendado por la Justicia, a cargo de la máxima instancia a través de una declaración de inconstitucionalidad.
La exsenadora Kattya Mabel González Villanueva presentó este martes dos solicitudes formales de acceso a la información pública dirigidas a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y a la Contraloría General de la República (CGR), exigiendo explicaciones sobre la falta de fiscalización de los procesos licitatorios en la Itaipú Binacional.
La exsenadora Kattya González (PEN) presentó un urgimiento ante la Corte para que esta se expida sobre el amparo constitucional que presentó en el 2022 para acceder a información sobre contratos de asesoría externa en Itaipú. La entidad binacional había planteado una excepción de inconstitucionalidad, la cual se solicitó que sea analizada por el máximo tribunal.
Por novena vez, la exsenadora Kattya González presentó un urgimiento ante la Corte para que se dé trámite a la acción de inconstitucionalidad que promovió contra la resolución de su pérdida de investidura. Hace más de un año que recurrió al máximo tribunal, pero la Sala Constitucional que debe estudiar su caso ni siquiera aún se integró en miembros.
La exsenadora Kattya González (independiente) presentó su octavo urgimiento ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para exigir que se dicte un fallo sobre su acción de inconstitucionalidad, con el objetivo de recuperar su banca que le fue arrebatada el 14 de febrero del 2024 por una mayoría de senadores cartistas y sus aliados, hace 14 meses.
Legisladores y abogados presentaron este martes una serie de acciones que pueden realizar distintas instituciones. El escrito refuerza el pedido de la Defensoría del Pueblo, de suspender los embargos y declarar nulos los juicios en Juzgados de Paz, hecho ante la Corte Suprema de Justicia, para salvaguardar a las víctimas del esquema de “la mafia de los pagarés”.