16 de febrero de 2026

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia impuso medidas alternativas a la prisión para las exjuezas de Sentencias de Pedro Juan Caballero, Ana Graciela Aguirre Núñez y Carmen Silva, procesadas por cohecho pasivo agravado y prevaricato por su supuesta implicancia en los chats con el diputado Eulalio “Lalo” Gomes, en el marco del caso #LaMafiaManda. Ambas magistradas tienen una fianza de G. 200 millones y prohibición de salir del país.

El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú procesó al exdiputado colorado Orlando Arévalo por supuesto cohecho pasivo agravado (coima); y convoca a audiencia de imposición de medidas al ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para la última semana de diciembre. Según la imputación, el ex titular del JEM habría participado de negociaciones para salvar a fiscales y magistrados, con el entonces diputado Eulalio “Lalo” Gomes, expuestas en los chats filtrados en el marco de la investigación denominada #LaMafiaManda.

El Ministerio Público imputó al exdiputado colorado cartista Orlando Gabriel Arévalo Zielanko por presunto cohecho pasivo agravado (coima), en base a las presuntas negociaciones entre él, como titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y el diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, para salvar a fiscales y magistrados, según chats filtrados en el marco de la investigación denominada #LaMafiaManda. También están investigadas las exjuezas Ana Aguirre y Carmen Silva.

La causa en la que se indagaba en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a la fiscala Reinalda Palacios y al juez penal de Garantías Álvaro Rojas, salpicados por los chats del fallecido diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, fue archivada. El inicio de enjuiciamiento a ambos tuvo mayoría de votos, pero no alcanzaron los 6 votos necesarios establecidos en la Ley N° 6814/21 que rige al órgano, pero una “cuestión aritmética” frustró esa diligencia.

El doleiro que era investigado en el caso Pavo Real Py II, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, no solo era considerado por la Fiscalía como el nexo entre distintas estructuras criminales, sino también el sostén del grupo presuntamente liderado por Alexandre Rodrigues Gomes. Precisamente, ambos viajaron juntos a Bolivia en 2020, supuestamente para negociar la compra de estupefacientes.
Un empresario y político, expareja de una hija del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, dijo tener a mano información que podría comprometer a personas “relacionados con la estructura política y judicial” de su exsuegro, señalado por supuesto tráfico de influencias y presuntos vínculos con el narcotráfico.