lavado de activos

Gafilat, a través de su secretaría ejecutiva, afirmó que “los Estados son libres de financiar cualquier actividad mientras se realice dentro de sus sistemas legales”. Así se “lavó las manos” sobre la organización por parte de la Seprelad del quincuagésimo pleno de representantes de ese organismo. La institución encargada de prevenir el lavado de dinero en nuestro país se rehúsa a revelar los aportantes para la realización del evento internacional.

El juez Osmar Legal se ratificó en la prisión preventiva del brasileño Oscar Daniel Cabreira Pinazo, imputado por lavado de dinero en la causa en que fue investigado el diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes. El magistrado negó el pedido de arresto domiciliario de la defensa, por lo que el procesado seguirá recluido en el penal Cereso.

Ante la participación de abogados vinculados a casos de corrupción y lavado de dinero en una cena oficial con agentes de la GAFILAT, actividad cuyos financistas en el sector privado se desconoce, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) anunció que presentará ante el Senado un pedido de informe para desenmascarar a los “aportantes” del escandaloso evento.

Del 9 al 13 de diciembre se realiza en nuestro país la semana de Gafilat y el L Pleno de representantes de 18 países, donde se debaten sobre los avances y seguimiento a los países en el combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Es lógico razonar que el blanqueamiento de activos de origen ilegítimo precisa de un elevado “estándar” de detección, puesto que todo “elemento” debe vincularse a la ganancia obtenida por la comisión de un injusto (fuente), que urge ingresar al ciclo económico formal (colocación). En tanto, al acervo probatorio resulta “complicado”, por lo que la metodología investigativa debe lograr “examinar” el hecho antijurídico precedente, bajo los tramos dispositivos por Ley Nº 6452/19, que referencian los verbos rectores como “convertir”, “ocultar”, “disimular”, en cuanto a la procedencia; y/o “frustrar”, “peligrar” lo atinente al conocimiento de la ubicación del activo irregular para su “comiso”.