lavado de activos

TEGUCIGALPA. Un juez hondureño le dictó este sábado prisión preventiva al exalcalde de El Paraíso, departamento de Copán, en el oeste de Honduras, Alexander Ardón, quien enfrenta juicio por el delito de lavado de activos.

Un Tribunal de Apelación confirmó la medida de prisión preventiva a la encausada en A Ultranza, Fátima Irene Koube Ayala, hermana del empresario y coprocesado Alberto Koube. La mujer fue acusada por el Ministerio Público por lavado de activos provenientes del narcotráfico y aguarda juicio oral junto con otras 16 personas, entre ellas Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.

Surge la interacción dogmática (ineludible) que propone una formulación precisa respecto a la exteriorización de la conducta de un agente, desde el aspecto subjetivo (o también denominado interno), que se vincula al direccionamiento hacia un fin. Ciertamente, la doctrina ha fijado que la tipicidad (objetiva) es la que se constituye por aquellos elementos que se conectan con la “faz exterior”, y vinculada a una acción, su modalidad, el resultado (injusto) y el nexo causal.

La experiencia convencional/doctrinal nos ha revelado aquella incidencia (actual) e imperante respecto a la “falsificación” de documentos “sociales” que afectan a la inminente configuración societaria, puesto que se tornan parámetros (injustos). Es que desde la potencial determinación de los cargos de relevancia como el de (administrador), han configurado focos de fingimiento en casos en los que no se controla (previamente) aquello concerniente al bien patrimonial de la empresa, de los socios y de los terceros (beneficiarios finales).

Indudablemente, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) ha instruido sobre aquellas posturas (preventivas) contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, que se vinculan al plano transnacional. Es por tanto que, ante las recomendaciones de “transparencia” con relación a la propiedad de las sociedades, la República del Paraguay coincidió en la estructuración normativa para (identificar) y (registrar) los “beneficiarios finales” de las sociedades constituidas por “acciones”, a fin de evitar cualquier método de ocultamiento del producto de hechos subyacentes.