El Ministerio Público ratificó su acusación contra 25 personas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão. La Fiscalía los imputa por haber introducido en el sistema financiero paraguayo fondos obtenidos ilícitamente y solicita que enfrenten juicio oral por estos cargos.
SAO PAULO. La Policía Federal brasileña lanzó este martes una operación para desmantelar un esquema de lavado de dinero de la facción criminal Primer Comando de la Capital (PCC), la mafia más poderosa de Brasil, a través de empresas financieras digitales. De acuerdo con la revista brasileña Veja, el dinero podría haber llegado a varios países, entre ellos Paraguay
Con el argumento de un supuesto “doble juzgamiento” por el mismo hecho, el acusado Miguel Ángel Servín Palacios, conocido como Miguel “Celular”, recusó a la jueza de Garantías de Crimen Organizado Rosarito Montanía y suspendió la audiencia preliminar de la causa Belia. La diligencia se inició la semana pasada y debía proseguir este lunes con la segunda parte de la acusación del Ministerio Público.
Los acusados por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico en la causa “Pavo Real I” fueron convocados nuevamente para el miércoles 19 de marzo, a las 9:00, a fin de llevar a cabo la audiencia preliminar y resolver si van a juicio oral y público como pide Fiscalía. Una recusación contra los fiscales suspendió la diligencia la semana pasada.
La Cámara de Apelaciones ratificó que Roberto Damián Garcete Rodríguez y su hijo serán juzgados por presuntamente haber despojado de una casa valuada en G. 1.100 millones a Eladio Miguel Britos, por un préstamo de G. 200 millones. La acusación del Ministerio Público resalta que la víctima de usura fue desalojada luego de una reunión con Ramón González Daher (RGD), condenado a 15 años de cárcel.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) publicó ayer la lista incompleta de los financistas del evento de Gafilat en Paraguay, tras quedar acorralada por una orden judicial en contra que le exigía publicar toda la información requerida. La publicación, que omitió los montos aportados, se produjo luego de que la Seprelad se negara inicialmente a hacer pública la información y negando aportes de quienes efectivamente sí lo hicieron.