10 de abril de 2025
El cartista Hilario Adorno, intendente electo de Puerto Casado y acusado por lesión de confianza, desacata la decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral que confirmó al concejal Claudio Martínez (ANR) como intendente interino. Hilario Adorno presentó dos notas donde usurpaba funciones que no le correspondían en las que “comunicaba” que seguía siendo intendente porque presentó una acción de inconstitucionalidad.
El exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas tiene orden de captura para cumplir su condena a 8 años de cárcel por lesión de confianza, debido a un perjuicio de G. 859.559.122 al municipio, con la sobrefacturación en la construcción de 15 instituciones educativas de la ciudad. En agosto de 2024 el político colorado fue sobreseído de otro proceso por corrupción, debido a la extinción de la causa penal.
El ex ministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola (PDP) fue sobreseído definitivamente de la causa abierta por supuesta lesión de confianza en la compra irregular de helicópteros para la Policía Nacional. El propio Ministerio Público solicitó la salida procesal para el parlamentario, en atención a un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso.
Luego de diez años de haber dejado el cargo y de múltiples chicanas la ex intendenta de Tava’i finalmente se sentó en el “banquillo de los acusados” durante un juicio oral y público que comenzó el pasado 11 de marzo y prosigue esta mañana en Caazapá. La política había sido denunciada por varios concejales por, supuestamente, utilizar G. 286 millones del dinero del Fonacide para “tunearse” en el 2011.
El exintendente de Jesús de Tavarangue Hernán Adolar Schlender (ANR) recusó al Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel y así volvió a suspender el inicio del juicio oral y público por presunto lavado de dinero y lesión de confianza.
Acusan a dos ex intendentes colorados del distrito de Independencia (Guairá) y a otras 16 personas por lesión de confianza y administración en provecho propio por una supuesta malversación de más de G.1.200 millones a las arcas municipales entre el 2015-2017.