6 de septiembre de 2025
En la acusación por la compra del “detergente de oro” en la Municipalidad de Asunción, en plena pandemia por el covid 19, el Ministerio Público asegura que el entonces intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista) cometió lesión de confianza y asociación, porque era la “máxima autoridad” del municipio. Resalta que ubicó a personas de su confianza en los cargos estratégicos y que consintió el perjuicio de G. 1.808 millones a la comuna.
MBUYAPEY. El Ministerio Público allanó este viernes la Municipalidad local por supuestos hechos de lesión de confianza a la comuna por parte del intendente Luis Carlos Rojas (ANR). La denuncia fue realizada por dos concejalas municipales de este distrito y afecta la gestión de los años 2022, 2023 y 2024.
El juez Humberto Otazú advierte a dos acusados en la causa “Esteban Samaniego sobre enriquecimiento ilícito” que, de seguir “chicaneando”, serán sancionados. Se trata de dos ex funcionarios municipales vinculados al presunto desvío de G. 1.108 millones entre los años 2017 y 2018 cuando el actual parlamentario cartista fungía de intendente de Quyquyhó.
El intendente electo de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR-HC), quien está condenado por corrupción, recibió hoy una advertencia del Tribunal de Sentencia que de seguir violando su medida cautelar podría ir preso.
El fiscal Walter Castro imputó al intendente de Natalio, Marco Maidana (Alianza), por supuesto hecho de lesión de confianza, producción y utilización de documentos no auténticos. Según el Ministerio Público, en la ciudad operaba un supuesto esquema de desvío de fondos, en el que facturaba una cooperativa por trabajos realizados por la municipalidad y la Gobernación de Itapúa. En contrapartida, causas similares de intendentes “vecinos”, pero colorados cartistas, duermen en la fiscalía.
La Cámara de Apelaciones confirmó la resolución de un Juzgado Penal de Ejecución; que en marzo de este año ordenó la captura del exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas Ramírez (ANR - cartista) para que cumpla su condena a 8 años de cárcel por lesión de confianza, debido a un perjuicio de G. 859.559.122 al municipio. El culpable de la sobrefacturación en la construcción de 15 instituciones educativas de la ciudad había alegado que la pena no ha quedado aún firme.