2 de enero de 2026
libertad de prensa
Polémica en Ypané: Junta exigirá acreditación a periodistas para cubrir sesiones públicas
La Junta Municipal de Ypané aprobó una resolución que establece nuevos requisitos para que periodistas puedan cubrir sus sesiones públicas. La medida, impulsada por el concejal Denis Chamorro, exige acreditación formal, una nota del director del medio, y patentes comerciales al día. Por su parte, el concejal Chamorro aclaró que esta normativa solo pretende “formalizar” el trabajo periodístico.
Diputados condena ataque a periodistas y exige garantizar libertad de prensa
La Cámara de Diputados aprobó hoy la declaración “que repudia los ataques contra periodistas en Paraguay, exhorta a esclarecer los hechos y expresa solidaridad con las víctimas”. Esto ante recientes ataque a tiros al domicilio de dos periodistas en Lambaré y mensaje a uno en Pedro Juan Caballero.
“Estamos sufriendo un retroceso democrático”, señala presidenta de la Corte IDH
Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacó la importancia de estar hoy en Paraguay, para dar inicio a una serie de audiencias públicas y privadas. “Estamos sufriendo en el mundo un retroceso democrático importante, un ataque a las democracias liberales. La resiliencia del pueblo paraguayo es un ejemplo para toda la región y el mundo”, señaló en entrevista.
La intención de silenciar voces sigue vigente en Paraguay
Esta semana, Paraguay será sede de audiencias públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del 180º periodo de sesiones de este tribunal, que ya ha dictado 15 sentencias contra el Estado paraguayo por su responsabilidad internacional de violación de derechos humanos, de las cuales, hasta ahora dos de ellas son por violación a la libertad de expresión. Estas sentencias, en los casos “Ricardo Canese” y “Santiago Leguizamón” dejaron para el país estándares de protección a la libertad de expresión y la obligación reforzada de prevenir hechos de violencia contra periodistas y trabajadores de la prensa. Sin embargo, lejos de seguir estas obligaciones vinculantes para el Estado, nuestras autoridades se han destacado en los últimos meses por dictar leyes “mordaza” o leyes “garrote”, poniendo trabas al derecho de participación activa de las organizaciones sin fines de lucro, persiguiendo a activistas de derechos humanos o amenazando a medios críticos de comunicación y periodistas en el ejercicio de su labor comunicadora.
