24 de febrero de 2026

El Poder Judicial de Paraguay libró exhorto de detención con fines de extradición, en carácter de urgente, a las autoridades de Colombia, con respecto a Néncer Alfonso Ramírez Lozano, alias “El Ganadero”. El mismo es sindicado como presunto socio y proveedor de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, presunto líder del esquema narco desbaratado con la Operación Berilo, en setiembre de 2018.

La jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de los seis imputados por la carga de 456,700 kilogramos de cocaína incautados en la tarde del sábado 4 de enero en el distrito de Yabebyry, departamento de Misiones. La droga cayó en el operativo que estuvo a cargo de agentes especiales de la Dirección de Investigaciones Sensitivas de la Secretaría Nacional Antidrogas, será incinerada este jueves en el horno de la Senad ubicado en Chaco’i.

La jueza de Garantías de Crimen Organizado Lici Teresita Sánchez libró exhorto a las autoridades de Venezuela, solicitando la extradición de las mujeres integrantes del clan Villalba –que lidera el grupo de secuestradores y asesinos EPP– que estaban radicadas en Argentina como refugiados políticos. Paraguay reclama la extradición de las presuntas criminales, quienes presuntamente escaparon de Argentina, pasaron primero a Bolivia y luego a Venezuela.

El narcotraficante Jaime Franco, condenado a 18 años de cárcel por tráfico de cocaína y recientemente procesado por presunto lavado de dinero, donde se dictó su prisión preventiva; es requerido por la Justicia de Brasil para compurgar una pena de 60 años de cárcel, también por narcotráfico. Paraguay aprobó su extradición, pero debe finiquitar primero los procesos que afronta en nuestro país.

Un Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado ratificó que las 7 personas detenidas en el Operativo “Apulia” serán juzgadas en un juicio oral, por supuesta posesión y tráfico de estupefacientes. La operación se concretó en mayo de 2022.

Una jueza de Garantías decretó de oficio la prescripción de la causa penal sobre el perjuicio patrimonial de G. 9.860 millones a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el sobreseimiento definitivo de doce procesados, entre ellos un ex titular de la hidroeléctrica. El expediente estuvo en la Cámara de Apelaciones por 7 años para resolver la impugnación de un juez contra la inhibición de un colega suyo.