12 de abril de 2025
La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), en agosto del 2023, adjudicó de forma directa un contrato por casi 91 millones de guaraníes para soporte técnico de un software que ya había sido presupuestado por una empresa del mismo grupo económico. La “competencia” se dio entre tres firmas con vínculos empresariales evidentes: ITTI, IDL y TECHNOMA, condiferencias mínimas en los montos ofertados y carpetas curiosamente similares. El contrato quedó en manos de IDL, parte del Grupo Vázquez junto con ITTI, que proveyó el presupuesto base. El contrato fue firmado por directivos vinculados a UENO Holding, donde Peña era accionista.
José Huidobro, presidente del Centro de Industriales Metalúrgicos (CIME), afirmó que Itaipú no tuvo voluntad de adjudicar la licitación a la industria nacional. Enfatizó en que el plazo para la entrega de los pupitres era demasiado corto y que cumplirlo solo sería posible con “información privilegiada”.
Ítems muy específicos y plazos de cumplimiento por demás sospechosos introdujo la Itaipú Binacional, a cargo de Justo Zacarías Irún, en el segundo llamado para la compra de unos 329.000 pupitres escolares por más de G. 248.713 millones, alrededor de US$ 32 millones. Cada vez son más los cuestionamientos, incluso del sector oficialista, a esta licitación por el aparente direccionamiento a la empresa Kamamya SA, del Long Jian. El presidente Santiago Peña, por su parte, hace caso omiso.
El Ing. Manuel Jiménez Gaona, presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), aseguró que no existen las condiciones en el país para fabricar la cantidad de pupitres requerida con la urgencia que demanda el Ministerio de Educación. Explicó que, para producir más de 300.000 pupitres, la industria paraguaya precisa de mayor tiempo e inversión para sostener la línea de producción a largo plazo.
En el Paraguay, las licitaciones públicas amañadas han sido –y al parecer lo siguen siendo– una fuente inagotable de enriquecimientos ilícitos. De lo que se suele tratar es de que el órgano convocante elabore los pliegos de bases y condiciones de tal modo que sus especificaciones técnicas solo puedan ser cumplidas por cierto oferente, patrocinado por algún político adicto al uso indebido de influencias. El pago eventual por el servicio así prestado saldrá del bolsillo de los contribuyentes, mediante el sobrecosto de rigor. En general, a esta práctica viciosa no escapan las entidades binacionales, según surgiría de la licitación pública hecha por Itaipú Binacional para la provisión –por casi 32 millones de dólares (248.713 millones de guaraníes)– de unos 328.000 muebles escolares diseñados por un equipo técnico del Ministerio de Educación y Ciencias, a pedido del presidente Santiago Peña, según dijo el ministro Luis Ramírez. Resultó agraciado un ciudadano chino, que tiene al menos dos nacionalidades y dos lugares diferentes de nacimiento.
Kamamya SA, de Long Jian, presentó a la DNIT facturas en las cuales dice que cada pupitre escolar chino le costó solo US$ 15 (G. 117.750). La Itaipú Binacional, a cargo de Justo Zacarías Irún, por su parte, pagará por cada set mobiliario un promedio de US$ 96 (G. 756.689). Al aparente favoritismo para otorgar el contrato por casi US$ 32 millones (G. 248.713 millones) se suman ahora serios indicios de una supuesta sobrefacturación.