SAN ESTANISLAO. Un grave accidente de tránsito con derivación fatal ocurrió esta tarde en el mismo lugar donde hace cuatro meses perdieron la vida dos hermanos adolescentes, uno de 13 y otro de 15 años, a la salida de una institución educativa. En esta ocasión, también murieron dos personas que se trasladaban en un automóvil tras ser atropelladas por una camioneta.
El ministro de Obras Públicas Rodolfo Segovia y el Fiscal General del estado Emiliano Rolón firmaron un convenio para trabajar desde este mes en la eliminación de lomadas instaladas sobre rutas nacionales de manera irregular que impiden la agilización en el tránsito vehicular.
Vía Fiscalía General del Estado, a mediados del pasado mes de marzo, se remitió una nota al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) donde se solicitaba a la institución una serie de informaciones sobre las lomadas irregulares que se encuentran en distintos puntos del país. Al respecto, el director jurídico del ministerio, Blas González, dijo que están elaborando un “informe bien detallado”.
Estas lomadas son del trayecto Nueva Italia-Carapeguá. En un trayecto de menos de 30 kilómetros hay más de 20 lomadas. Como consecuencia de los constantes accidentes de los motociclistas ebrios de la zona, sin cascos y ninguna protección. Mediocres, improvisados e inútiles sin políticas serias de gestión los del MOPC.
Ante el pedido de informe realizado por parte de la FIscalía General del Estado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, sobre las lomadas en rutas nacionales y departamentales, el ingeniero Francisco Javier Recalde, Coordinador de la Unidad Técnica de Proyectos, aseguró que hay casos donde se construyen sin siquiera conocimiento del MOPC.
“Las lomadas como elemento de regular la velocidad en las rutas nacionales se deben ubicar en zonas de escuelas y hospitales”, ingeniero Francisco Javier Recalde, coordinador de la Unidad Técnica de Proyectos del MOPC. La Fiscalía emplazó al MOPC con respecto a las “lomadas sin sentido” y le solicitó la eliminación de las que no tengan justificación legal. El Ministerio Público advierte que la implementación irregular de estos “obstáculos al tránsito” representa un hecho punible.