12 de marzo de 2026

El supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz y el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado plantearon, durante la audiencia preliminar del caso Berilo, la extinción del proceso penal por haber superado el tiempo máximo que establece la ley, según argumentan las defensas. Además cuestionaron la actuación del Ministerio Público en esta causa que inició en el 2018.

Mediante el rechazo “in limine” de una acción de inconstitucionalidad promovida por una de las defensas, la Corte Suprema de Justicia ratificó la legalidad de las grabaciones de escuchas telefónicas que sustentan la acusación fiscal contra los acusados del caso “Mercat”. El juicio oral para los 15 acusados en la causa continúa el viernes 2 de mayo, con la reproducción de los audios.

Dos recursos planteados por el Ministerio Público y una de las defensas suspendió hoy la audiencia preliminar para un grupo de acusados junto a supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña y el exdiputado colorado Ulises Quintana, en la causa Berilo. Ambas partes cuestionan el desdoblamiento de la diligencia, atendiendo que existen más de veinte acusados; pero el juzgado ratificó su decisión y remitió los recursos a la Cámara de Apelaciones.

Con la presentación de incidentes por parte de las defensas inició este lunes el juicio oral y público a los supuestos testaferros del traficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Los acusados de supuesto lavado de dinero y asociación criminal atacaron de nulo el requerimiento conclusivo del Ministerio Público, afirman que la causa penal ya se extinguió y, consecuencia, piden el sobreseimiento definitivo. También se informó el fallecimiento de uno de los encausados.

El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo la causa a los supuestos testaferros del narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, intentará iniciar en la fecha el juicio oral a los 12 acusados de lavado de dinero y asociación criminal. El patrimonio de la organización delictiva en Paraguay supera los US$ 100 millones, según la fiscalía. Acciones pendientes en la Corte Suprema han trabado hasta ahora el juzgamiento.

El diputado Eulalio “Lalo” Gomes manejaba una extensa red de contactos en varias instituciones, entre agentes fiscales, jueces y autoridades. En algunos de los chats filtrados, amenazó con “romper” a varias personas, como por ejemplo a la fiscala que investigó a su hermana y a un director penitenciario cuyas actuaciones no le convenían.