19 de agosto de 2025

La titular de la Sedeco, Sara irún, acudió a la Comisión Anti Mafia de Pagarés solo para exponer todo tipo de excusas sobre la incapacidad de regular las casas de cobranzas, proteger a los consumidores y ganar juicios de todo tipo. De entrada dijo que no pueden responder los pedidos de informe de este esquema y alegó la falta de personal y leyes actualizadas.


Hoy está previsto que los diputados de Honor Colorado (HC) remitan al archivo el proyecto de ley que planteaba eliminar los cobros discrecionales que realiza la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) a contribuyentes de todo el país por supuestos trámites de registros de conducir y bienes raíces. Esto sigue siendo una fuente de recaudación para esta oenegé “amiga” del cartismo. Figura como punto 4 del orden del día de la sesión ordinaria de hoy de Diputados, convocada para las 9:00.

Eugenio Jiménez Rolón, ministro de la Corte Suprema de Justicia, reconoció que las prácticas irregulares dentro del Poder Judicial favorecieron el esquema conocido como la “mafia de los pagarés”. Señaló como elementos críticos la falta de control sobre las notificaciones, el abuso de embargos salariales y la omisión en la custodia de documentos originales. “No es un problema de la ley, sino de su aplicación”, afirmó el magistrado.

Una docente denuncia ser víctima de la “mafia de los pagarés”, un esquema de estafa que ya afectó a miles de personas en Paraguay. Asegura que nunca firmó ninguna deuda, pero sufre embargos masivos en su salario y actualmente solo percibe G. 150.000 al mes, con otros descuentos en camino. “Me quitaron todo sin haber pedido nada”, lamenta.

Víctimas de la “mafia de los pagarés” entregaron una propuesta a la Corte Suprema de Justicia con seis medidas urgentes, entre ellas la creación de tribunales especiales, suspensión de embargos y una cumbre de poderes. Denuncian que ya hubo 15 suicidios vinculados a esta estafa masiva.

Senadores de la Comisión anti “mafia de pagares” acusaron al BNF de ser el “tembiguái” de Walton Pagos, intermediaria crediticia del Clan Latorre, pero las autoridades de la banca estatal negaron integrar el esquema que perjudica a miles de funcionarios y prometen “subsanar” las quejas.