malversación de fondos

CIUDAD DEL ESTE. Los activistas políticos Julio César López y Samir Sánchez presentaron una ampliación de una denuncia contra el intendente Miguel Prieto Vallejos (YoCreo) por supuesta malversación de los fondos recaudados. Los denunciantes indican un supuesto desvío de G. 46.542 millones en el período 2019-2022.

El coloquio de la calle sostiene que la mayoría cree que los que entran en el Gobierno, sea en el Ejecutivo como en el Legislativo, es para robar aprovechando sus privilegios, dice el conocido auditor y analista económico Angel Devaca Pavón, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. En esta entrevista, Devaca reclama la participación de la academia para pergeñar un Gobierno serio.

La Contraloría General de la República (CGR) informó que, en 2022, nueve intendentes no invirtieron un solo centavo del total de 7.351 millones de guaraníes que recibieron del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para mejorar la infraestructura de las escuelas y los colegios de sus respectivos municipios. De ser así, ahora corresponde que el citado órgano denuncie la presunta malversación de fondos ante el Ministerio Público o que este intervenga de oficio ante un eventual hecho punible de acción penal pública, que no tendría nada de insólito: ocurre que la gestión de los recursos del Fonacide, tanto por parte de intendentes como de gobernadores, ha estado marcada por la corrupción impune, desde que fue creado por ley en 2012.

Estudiantes de la carrera de Arquitectura de la UNA aseguraron que estarán en alerta ante el proceso de investigación de posibles malversaciones del fondo de la facultad, así como de posibles represalias en contra de los funcionarios que denunciaron las irregularidades.

Resulta loable inferir en los últimos postulados del sistema internacional, que esgrimen a través de convenciones, cierta normatividad que permite enfrentar a la criminalidad organizada, teniendo en consideración la protección directa a una economía globalizada, por la implicancia de la intervención de agentes que actúan con fines ilícitos. Así, el sistema financiero transnacional ocupa recaudo, ante el incremento de empresas (constituidas) que suministran bienes ilícitos adquiridos mediante delitos precedentes del lavado de activos.