28 de abril de 2026

El ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia, informó que solicitará un informe detallado sobre funcionarios comisionados con salarios elevados. La solicitud fue realizada luego de la polémica por un relator que percibiría más de G. 26 millones mensuales en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió a un juez que cometió serias irregularidades que fueron detectadas en una auditoría. Ante la gravedad cometida en dos expedientes se remitirán los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para que eventualmente se lo procese.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió solicitar los antecedentes de la actuación del fiscal Aldo Cantero, respecto a los chats filtrados por ABC, en los que se revela que la imputación contra el ex presidente Mario Abdo Benítez, tres de sus ex ministros y funcionarios de Seprelad; habría sido digitada por el Abg. Pedro Ovelar, representante legal de Horacio Cartes. Para el 18 de abril el JEM debe resolver si inicia una investigación preliminar.

El ministro Luis María Benítez Riera tendría el “consenso de la mayoría” para ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el periodo 2024 - 2025, según fuentes del máximo tribunal. El integrante de la Sala Penal habría logrado la “bendición” política para ocupar nuevamente el cargo, para el que se mencionaba también como candidatos a los ministros Gustavo E. Santander Dans y Alberto Martínez Simón.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Manuel Dejesús Ramírez Candia fue designado por sus pares por un nuevo periodo, para desempeñarse como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), hasta el 2026.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Manuel Ramírez Candia solicitó la instrucción de un sumario y la suspensión sin goce de sueldo para el actuario judicial Vicente Ferreira Rodríguez, declarado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos. El funcionario fue denunciado por una presunta “coima” de G. 70 millones en un proceso judicial.