24 de enero de 2026

Con miras a las internas municipales y partidarias del 7 de junio, este lunes 26 de enero se cumple la fecha límite para que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reconozca oficialmente los movimientos internos en pugna dentro de las agrupaciones políticas.

Algunos representantes de partidos de oposición se reunieron ayer en la Casa del Pueblo, sede del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), para insistir en el veto del uso de máquinas de votación de empresas ligadas a exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña, en las elecciones venideras. Presentarán denuncia penal por presunta licitación amañada.

El director de procesos electorales del TSJE, Carlos María Lubetich, aseguró que las elecciones municipales del 2026 se realizarán con las máquinas de votación, ya que eso dice la ley. Además, señaló que no conoce otra empresa que se dedique a alquilar este tipo de máquinas. Por su parte, Dominick Ramírez, vicedirectora de la dirección de informática de la justicia electoral, aseguró que las máquinas, al momento del escrutinio, no leerán los boletines que no produjo.

La Justicia Electoral, presidida por Jaime Bestard (ANR, HC), adjudicó el arriendo de 18.000 máquinas de votación, por US$ 35 millones, al consorcio argentino Comitia-MSA, representada por gerentes del grupo Ueno, exsocios de Santiago Peña. La misma fue descalificada en otro llamado y sus exigencias en seguridad están en duda.

Jaime Bestard, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), habló sobre la situación actual del sistema de votación que quedó al borde de volver a las papeletas cuando una mayoría coyuntural de la Comisión Bicameral del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) decidió dejar sin presupuesto al TSJE para el alquiler de las máquinas.