7 de junio de 2025
Ante la supuesta inacción del Tribunal de Ética de Derecho UNA, frente a la participación del vicedecano y procurador general de la República, Marco Aurelio González, en actos proselitistas, alegan que el órgano ni siquiera está constituido y que no pueden actuar de oficio. El acto político era del “significativamente corrupto” Jorge Bogarín, quien quiere un lugar en el Consejo Directivo.
La intervención de la Procuraduría de la República en la causa que investiga la presunta lesión de confianza con el fallido metrobús fue ratificada por el juzgado Penal de Garantías del caso. La audiencia preliminar debió iniciarse esta semana, pero fue suspendida a pedido de la fiscalía.
Argumentando indefensión del Estado, en calidad de víctima, la Procuraduría General de la República (PGR) pidió a la Justicia que revoque la sentencia que condenó a siete personas a 2 años con suspensión de la ejecución, por un caso de contrabando de artículos de electrónica por US$ 52 millones. La leve condena fue otorgada a cambio de una donación de G. 400 millones.
En otra masiva audiencia en Diputados sobre el proyecto de ley de control a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), ayer señalaron que era un plan “garrote” e inconstitucional. Ante el vacío cartista y la presencia tibia del procurador, no hubo voces que lo refuten.
El procurador General de la República, Marco Aurelio González, explicó los motivos por los que se rechazó la demanda de la Asociación de los Excombatientes del 2 y 3 de febrero de 1989 contra el Estado paraguayo. El monto que reclamaban los miembros de la asociación ascendía a G. 291.335.166.000, unos US$ 40.463.217 que sería distribuido entre 900 asociados.
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, enumeró los cuatro principales pleitos que tiene pendientes el país, de los cuales, por lejos, el más importante es el relativo a la deuda con Petróleos de Venezuela SA por 270 millones de dólares. Los otros son el del Metrobús, por 17 millones de dólares; el del mecanismo Covax, por 5 millones de dólares; y la restitución de los predios del Ministerio de Defensa en Remansito. La ciudadanía no debe perder la memoria. El “mono” de PDVSA que le quedó al Paraguay es resultado de un tremendo negociado que nunca ha sido dilucidado y ni siquiera debidamente investigado por las instituciones contraloras ni por la Justicia. Después de más de diez años, siguen sin explicar de manera mínimamente convincente qué pasó con el dinero.