27 de abril de 2025
El juicio oral y público al exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio por supuesto cohecho pasivo agravado, previsto para hoy, fue nuevamente suspendido. La audiencia se postergó a pedido del exparlamentario, que está acusado de recibir favores de un presunto narcotraficante brasileño, debido a recursos pendientes en la Corte Suprema de Justicia.
El Ministerio Público tiene tiempo hasta el 16 de agosto de este año para presentar requerimiento conclusivo en la causa abierta al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, por supuesto cohecho pasivo agravado. El también extitular de la Senad afronta este proceso por una supuesta coima que recibió del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
El juez de Garantías José Agustín Delmás otorgó medidas alternativas a la prisión al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, procesado por presunto cohecho pasivo agravado (coima). El extitular de la Senad tiene prohibición de salir del país y una fianza real por G. 1.000 millones, entre otras medidas.
Tras ser confirmado por la Cámara de Apelaciones, el juez de Garantías José Agustín Delmás convocó nuevamente al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio para su audiencia de imposición de medidas cautelares. Esto, en el proceso que el extitular de la Senad afronta por una supuesta coima que recibió del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
Los fiscales asignados para investigar al imputado Arnaldo Giuzzio remitieron un oficio al Ministerio del Interior mediante el cual piden copia del libro de visitas desde enero de 2021 hasta febrero de 2022. El pedido surgió en el marco de la causa abierta tras la operación Turf, en la cual Marcus Vinicius Espíndola, uno de los objetivos y con quien Giuzzio “mensajeó” horas antes, terminó preso, mientras Lindomar Reges Furtado, otro buscado en esa operación, logró fugarse pese a informes de inteligencia en manos del fiscal Lorenzo Lezcano.
El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio aseguró que la fiscalía lo imputó por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) y utilizó ese proceso como excusa para allanar su domicilio y llevar todas las pruebas que logró juntar en contra del expresidente Horacio Cartes.