2 de marzo de 2026

La vigencia de medidas cautelares que permiten el ingreso de productos sin cumplir requisitos sanitarios volvió a ocupar el centro del debate, ante cuestionamientos de importadores al papel de la Corte Suprema. Indican que, para encontrar una solución al problema, tratarán de conversar con autoridades de la máxima instancia judicial.

En el caso “Hábeas Corpus Reparador interpuesto por el abogado Jean Alexandre Grossling a favor del señor JUAN RAMÓN AYALA VELÁZQUEZ”, el defensor del incoado argumenta como basamento de la viabilidad de dicha garantía de índole constitucional que la prisión preventiva de su defendido ya ha superado el máximo de 2 años establecido en el Art. 236 última parte del Código Procesal Penal.
El problema de la prisión preventiva no es un drama nuevo, ni tampoco lo es el hecho de que la mayoría de la población carcelaria de nuestro país (y de toda América Latina) no cuenta con condena, ya fue tratado en un estudio realizado por Zaffaroni y otros juristas, en el año 1983, que llevó por título: “El preso sin condena en América Latina y el Caribe”. En dicho material ya se retrata el uso abusivo de la medida cautelar de la prisión preventiva. Era de pensar que con los avances de las ciencias, esta problemática iba a resolverse, o cuando menos, paliarse, pero, a la luz de los datos que se desplegará, se verá que no es así, y lo que es peor, tiende a empeorar.