5 de marzo de 2026
El doctor en Criminología, Juan Martens, afirma que tras la condena del senador Erico Galeano, el Estado ya no puede ignorar la infiltración del crimen organizado en las instituciones tras la confirmación de estructuras mafiosas que operan bajo el amparo político.
El CM, la institución que debe garantizar la elección de los más idóneos postulantes a jueces, fiscales y defensores públicos para fortalecer el sistema de justicia, también está devastado por la injerencia del poder político, la corrupción y la narcopolítica. Así como han utilizado al JEM para coaccionar al Poder Judicial y salvar a los “amigos” o castigar a los “enemigos” a través de los procesos de enjuiciamiento, los miembros del CM dan muestras de elegir ternas para jueces y fiscales “a medida” de las necesidades. Un claro ejemplo de esta situación es el manejo que tiene actualmente el representante de la Cámara de Senadores, Édgar López (PLRA, cartista), exgobernador de Concepción, quien fue escrachado meses atrás por hechos de nepotismo. Ahora podría también tener en su haber un posible conflicto de intereses como miembro del CM, ya que es hermano de Nelson López, abogado de procesados en el caso conocido como “A Ultranza Py”, cuyo fiscal investigador es Deny Yoon Pak. Justamente este abogado denunció recientemente a dicho fiscal ante el JEM, y quien debe entrevistarlo es precisamente su hermano Édgar López.

El diputado Adrián “Billy” Vaesken señaló que el silencio del presidente Santiago Peña en torno a los chats filtrados de Lalo Gómez es el de un cómplice. Indicó que el mandatario demuestra estar al servicio de la mafia y que -a pesar de sus intentos de distraer a la ciudadanía con pan y circo- esto no se va a dar.

En el nuevo caso del presunto “narco concejal” de la ciudad de Natalicio Talavera (Guairá), Bruno Joel Jorgge (ANR, HC), que llegó al cargo gracias al respaldo de varios legisladores cartistas ahora bien posicionados en el gobierno, el senador por el Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, urgió dejar de hacer la vista gorda y tomar acciones concretas para retomar el control de las instituciones, que están en “manos del crimen organizado”.

La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) compartió su carta en la que asegura que la corrupción, la impunidad y el crimen organizado corrompen nuestras instituciones y debilitan la democracia. Lamentan la subordinación de las instituciones públicas al poder económico que subyuga voluntades.