Óscar Tuma, abogado de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, cuestionó que la Fiscalía insista en desestimar la causa pese a la oposición del Juzgado. Destacó que hay muchos elementos que ponen en duda las circunstancias en las cuales fue asesinado el colorado cartista. Resaltó que descubrieron que 17 días antes del hecho, una persona advirtió que en Brasil existía una “millonaria recompensa por la muerte del diputado”. El fiscal general del Estado tiene 10 días para decidir si encajonar o no la causa.
El abogado de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes criticó los mensajes entre el juez Osmar Legal y el exlegislador. Asegura que la denuncia presentada por el magistrado tiene un trasfondo personal y político.
El juez Osmar Legal aparece en los chats del exdiputado Lalo Gomes. Ante esta situación, el abogado Óscar Tuma aclaró que comunicarse con una persona no es un delito, pero que sería bueno que brinde una aclaración, así como lo hicieron otras personas. “Creo que estamos en una etapa de transparencia y él debería explicar por qué le escribe al diputado”, señaló el letrado.
El abogado Óscar Tuma, representante de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, reveló la existencia de mensajes entre el actual juez Osmar Legal, quien en 2020 era fiscal, y el exlegislador. Cuestiona el motivo del contacto y señala que los chats aparecen encriptados. Anunció que seguirán analizando el contenido de las conversaciones extraídas del celular de Gomes.
El abogado de la familia del extinto diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes afirmó que una funcionaria del Ministerio Público que tenía un “grupo de apriete” con agentes antidrogas pidió un pago de 300.000 dólares para “evitar que se filtre información sobre él”. Además, dijo que la misma funcionaria intervino en el allanamiento a la casa del hijo de Gomes y afirmó que se la escuchó ordenando que lo maten.
Óscar Tuma, abogado de la familia del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes, manifestó a través de sus redes sociales que se debe investigar a una funcionaria judicial comisionada a la Secretaría Nacional Antidrogas, dentro del marco del operativo en el que mataron al mencionado parlamentario, en Pedro Juan Caballero.