pagarés

El escándalo que nuevamente sacude a la Justicia paraguaya con el caso conocido como “la mafia de los pagarés” demuestra que el crimen organizado no solo se dedica al narcotráfico, el sicariato, al lavado de dinero o a los crímenes transnacionales. También está instalado en la justicia paraguaya, en el mostrador de algún juez, en el maletín de algún actuario judicial y en los bolsillos del saco color gris oscuro que pasea por los tribunales. A la vista de todos, y estrechando las manos de personas humildes que acuden confiados en que Astrea podrá devolverles la paz. Algunos casos conmocionaron al Poder Judicial y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como el del extinto senador Óscar González Daher, y más recientemente el de los chats filtrados del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. No obstante, cuesta recordar otro momento en la historia reciente en que se hayan producido imputaciones a mansalva como las que se dieron en el caso de la “mafia de los pagarés”.

Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero presentaron imputación contra los jueces de Paz Analía Cibils, Nathalia Garcete, Víctor Rodríguez y la exjueza Liliana González de Bristot, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados de empresas de cobranzas, por el caso de la mafia de pagarés. En total son 63 imputados.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados remitió a la fiscalía general del Estado y a la fiscala Belinda Bobadilla un pedido de informe acerca de si hay causa abierta sobre lo que se denomina la “mafia de los pagarés”

En el marco de la investigación sobre el esquema de falsificación de notificaciones judiciales conocido como “La mafia de los pagarés”, fiscales y agentes policiales realizaron un allanamiento en la vivienda de una ujier del Juzgado de Paz de la Recoleta. En el sitio se buscaron expedientes judiciales, según informaron.

Una mujer denunció la supuesta colusión entre juzgados de Paz y playas de venta de vehículos, para el secuestro y posterior reventa de los mismos. Manifestó adquirió un rodado y firmó pagarés por el saldo con la firma, que el 31 de mayo de 2023 impulsó una acción preparatoria de juicio ejecutivo, y dos días después la jueza Analía Cibils ya dictó el secuestro y embargo del coche.