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La zona de la ruta Transchaco es siempre una muestra del déficit en materia de transporte público, especialmente en horas “pico”, donde gran cantidad de usuarios se aglomera en las paradas y espera más de 40 minutos.

Aunque el proyecto de reforma del transporte público incluye por primera vez a los pasajeros en un consejo asesor multisectorial, sus opiniones no serán vinculantes. Opama advierte que, sin poder real de decisión ni un plan operativo y de financiación claros, la participación ciudadana corre el riesgo de quedar solo en el papel.

Los chantajistas consuetudinarios del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) no están dispuestos a abandonar su odiosa práctica. Como ya lo había insinuado su presidente, César Ruiz Díaz, al mentar hace unos días un “paro natural”, han vuelto a la carga anunciando uno artificial de 72 horas, a partir del próximo 21 de julio. Exigen, entre otras cosas, el pago inmediato de los subsidios correspondientes a mayo y junio, mientras el Gobierno asegura que está al día. Entonces, alguien miente en este culebrón. La problemática del transporte público en la Gran Asunción debe abordarse con la seriedad debida, fuera del confuso tira y afloja verbal acostumbrado. El modelo actual ya está agotado por culpa de unos “empresarios” despiadados y de unos gobiernos inoperantes que han venido tolerando sus notorias inconductas.

Por si aún hiciera falta, en estos días de intenso frío se está volviendo a notar la impiedad de los miembros del Centro de Transportistas del Área Metropolitana (Cetrapam), que someten a los usuarios a largas esperas antes de abordar unos ómnibus repletos y en mal estado. El Gobierno también tiene su gran cuota de responsabilidad en este drama. A los primeros, que el año anterior recibieron 347.408 millones de guaraníes en concepto de subsidios, no les importa que sus clientes deban aguardar a la intemperie, con el riesgo de incumplir sus respectivos horarios de trabajo ni que una ley penalice como “coacción y perturbación de servicios públicos” el hecho de que se amenace o extorsione a órganos estatales “por cualquier medio”. Una de esas vías ilícitas es la infame “regulada” impune.

A casi dos años de la asunción del Gobierno de Santiago Peña, que llegaba con plausibles promesas de atender los males de ese sector fundamental para el desenvolvimiento ciudadano, el sistema del transporte público continúa con las mismas deficiencias que torturan al usuario, y con los mismos vicios como la extorsión y el chantaje. En mayo del año pasado, el presidente dijo que deseaba irse en 2028 habiendo dejado un transporte público mucho mejor que el que encontró, por haber cambiado el sistema. En sus palabras, si para ello “el Estado tiene que pagar más plata (sic), voy a poner más plata”, como si pudiera prescindir del Congreso. Por ahora, el sistema sigue igual o peor que antes y el dinero aún no aparece, sin que hasta hoy se sepa en qué sería invertido en el marco del nuevo modelo mentado.