20 de julio de 2025
El fiscal Silvio Corbeta pidió al juez Humberto Otazú, la revocatoria de las medidas cautelares impuestas a Enrique Javier Lovera y Guido Ramón Vargas, y requirió que ambos guarden prisión preventiva en el marco de la causa por presunto desvío de fondos en la Municipalidad de Quyquyhó, durante la gestión del actual diputado Esteban Samaniego (ANR-HC), también imputado en el proceso.
Uno de los acusados en la causa en donde se investiga a la esposa y a la madre del imputado diputado cartista Esteban Samaniego (ANR, HC), recusó al juez Humberto Otazú y al fiscal Silvio Corbeta, con lo cual se paralizó la audiencia preliminar.
QUYQUYHÓ. El abogado Derlys Martínez, defensor de la intendenta de este distrito, Patricia Corvalán, calificó de “totalmente improcedente” el pedido del fiscal Silvio Corbeta, quien solicitó al juez penal de garantías especializado en delitos económicos, Humberto Otazú, que prohíba a la jefa comunal acercarse a la sede municipal por un presunto conflicto de intereses. Según Martínez, se trata de “un intento de destitución encubierta mediante una medida cautelar”.
Luego de múltiples dilaciones, finalmente se llevó a cabo la audiencia preliminar de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del diputado Esteban Samaniego. También compareció Blanca Álvarez, madre del parlamentario. Es en el marco de una causa por un supuesto daño patrimonial de G. 1.108 millones.
El Juzgado de Garantías fija, una vez más, fecha para la audiencia preliminar de la intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán (ARN-HC), esposa del diputado cartista Esteban Samaniego, para finales de mayo para saber si subirá al “banquillo de los acusados” por una supuesta malversación de G. 1.108 millones.
Días pasados, presentaron el cuarto pedido de urgimiento de desafuero del cartista Esteban Samaniego en mesa de entrada de la Cámara de Diputados. La Coordinadora de Abogados del Paraguay insiste en que se le retire los fueros al cartista, y así pueda afrontar el proceso en el que se lo investiga por administración en provecho propio y asociación criminal, por una supuesta “tragada” de G. 1.108 millones cuando fungía de intendente en Quyquyhó (Paraguarí).