11 de octubre de 2025
La intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del imputado diputado cartista Esteban Samaniego y otros 12 acusados, hace diez meses, mediante chicanas, evitan que la causa por lesión de confianza y administración en provecho propio por una supuesta “tragada” de G. 1.100 millones sea elevada a juicio oral.
El fiscal Silvio Corbeta pidió al juez Humberto Otazú, la revocatoria de las medidas cautelares impuestas a Enrique Javier Lovera y Guido Ramón Vargas, y requirió que ambos guarden prisión preventiva en el marco de la causa por presunto desvío de fondos en la Municipalidad de Quyquyhó, durante la gestión del actual diputado Esteban Samaniego (ANR-HC), también imputado en el proceso.
Uno de los acusados junto con la intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán (ANR-HC) y Blanca Álvarez, esposa y madre del diputado cartista Esteban Samaniego recusó al juez Humberto Otazú para evitar por tercera vez la realización de la audiencia preliminar.
La Municipalidad de Quyquyhó, a cargo de la intendenta Patricia Corvalán (ANR-HC) para evitar control administrativo se maneja con “contrataciones directas” y, llamativamente, la empresa, cuyo dueño está acusado junto a la jefa comunal, sigue ganando las millonarias contrataciones.
Uno de los acusados en la causa en donde se investiga a la esposa y a la madre del imputado diputado cartista Esteban Samaniego (ANR, HC), recurrió a la Corte Suprema de Justicia contra la decisión del Tribunal de Apelación que confirmó al juez Humberto Otazú para entender en la causa.
El Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos confirmó al juez Humberto Otazú para entender en la causa “Esteban Samaniego sobre lesión de confianza”, en donde está acusada la intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del parlamentario cartista.