patrimonio

La incidencia delincuencial que trastorna todo orden financiero posee una vinculación (indudable) con los grupos de ciberdelincuencia organizada, y que pueden determinarse (indistintamente) en nodos, híbridos “agrupados” o híbridos “extendidos”. Ante ello, estos métodos resultan a partir de una categoría de sucesos fraudulentos tanto en línea como fuera de la misma, emprendiendo “injustos” criminales que afectan los parámetros económicos.

El caso del exconsejero del Instituto de Previsión Social Gustavo Ramón Arias, quien no puede justificar su meteórico incremento patrimonial y se construyó una ostentosa casaquinta en Areguá en plena pandemia, desplazado de su cargo por este Gobierno, pero inmediatamente premiado con otro jugoso zoquete en el instituto pese a que ni siquiera hacía acto de presencia amparado en permanentes certificados médicos por estrés, dista de ser un escandaloso hecho anecdótico. Es una prueba más de que el Consejo de Administración del IPS, al menos tal como está concebido y conformado, no sirve absolutamente para nada más que como fuente de privilegios, politiquería y tráfico de influencias. La Contraloría General de la República acaba de ratificar su informe en el que constata insalvables inconsistencias entre los ingresos de Arias y el aumento de su patrimonio, que pasó de negativo a multimillonario, compras al contado de inmuebles y vehículos, varias cuentas bancarias, subvaloraciones y omisiones en sus declaraciones juradas.

CORONEL OVIEDO. El titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, no quiso responder las consultas sobre las denuncias de aumento exponencial de su patrimonio desde que asumió como intendente de Choré en el año 2016. Acusó a ABC de exagerar los montos y de no reflejar la realidad.

Pobladores de Atyrá denunciaron que, en el marco de una restauración, dañaron el histórico retablo del templo parroquial San Francisco de Asís de la ciudad, además que varias imágenes de santos desaparecieron. También cuestionaron las tareas de reparación ejecutadas, pues afirman que el maderamen fue solamente reforzado con planchuelas y hay goteras del techo.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó varias inconsistencias en los patrimonios de la fiscala Katia Uemura y los jueces Amílcar Marecos y Maribel Concepción Rojas. También hay hallazgos sobre el abogado Farid González, esposo de la jueza de Capiatá Norma Salomón. Los observados tienen diez días para hacer su descargo.