31 de marzo de 2026

Las funcionarias judiciales de San Lorenzo sorprendidas en un momento de relax “onda spa” en plena oficina de Atención a Víctimas de Violencia no tienen potestad de rechazar denuncias. La presidenta del Consejo de Administración de Central, Dra. María Teresa de Daniel, afirmó que solo un juez puede decidir si da o no trámite a las denuncias que, en todos los casos, deben ser recepcionadas.
De acuerdo a lo expuesto ante la Comisión Permanente del Congreso por la Coordinadora que reúne a unas 17.000 víctimas de la “mafia de los pagarés”, la trama delictiva en la que aparentemente participaron jueces, actuarios, ujieres, oficiales de Justicia y abogados se queda hoy con al menos 51.000 millones de guaraníes mensuales, a través de juicios ejecutivos presuntamente fraudulentos, iniciados y concluidos por deudas ya saldadas o dando curso a documentos falsos y a fotocopias de pagarés sin firma o sin fecha, entre otras canalladas. El hecho implica la persistencia de un saqueo que, según la Coordinadora, se remota a más de una década, en gravísimo perjuicio de miles de familias que cayeron en las garras de unos desalmados que habrían generado más de 120.000 expedientes judiciales.


El sector judicial en asamblea que realizaron ayer denunciaron varias contradicciones en el proyecto de Ley de reforma de la Caja. Entre otros puntos cuestionaron el incremento del aporte, piden incorporar principios de gradualidad y rendición de cuentas e informe actuarial. Desde hoy realizan paro de una hora en actividad judicial

Un tribunal de sentencia de Pedro Juan Caballero emitió sentencia de absolución tras la realización de un juicio oral y público en el marco de una causa abierta por Incumplimiento del Deber Alimentario en esta ciudad. Según la abogada de la defensa, el acusado tuvo que probar su inocencia para lograr un fallo favorable.

Tras la aprobación con modificaciones del proyecto de reforma de la Caja Fiscal en la Cámara de Diputados, magistrados expresaron su malestar por el trato recibido y advirtieron que no descartan medidas de fuerza, una posibilidad inédita en la historia del Poder Judicial.