20 de marzo de 2026
La Contraloría General de la República (CGR), concebida como baluarte de la transparencia y el control patrimonial de los funcionarios públicos, se ha convertido en un colador que permite burlas sistemáticas. En lugar de prevenir la corrupción, el sistema de declaraciones juradas se reduce a una formalidad: omisiones millonarias, “olvidos” convenientes y rectificaciones tardías que evaden cualquier consecuencia real. Políticos y altas funcionarias esconden casas, tierras, deudas y naves en paraísos lejanos; y cuando el reflector de la prensa los alcanza, invocan el inocente “error involuntario” y la ley, complaciente, les abre las puertas para borrar y reescribir. El senador Silvio Ovelar (ANR, cartista) dijo alguna vez que las declaraciones juradas en materia de financiamiento político son una “bolaterapia permanente” y que con ello se le engaña a la ciudadanía. Sus palabras desnudan la verdad que muchos prefieren callar: el sistema no solo tolera el engaño, sino que lo convierte en rutina.

De entre los 63 imputados en el caso “mafia de los pgarés”, hay algunos que están estrechamente ligados a políticos, también a ex ministros y ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En esta causa penal la Fiscalía indaga una presunta estructura integrada por jueces, actuarios, ujieres y abogados, para promover juicios con documentos presuntamente falsos.

El abogado Jorge Rolón Luna recordó que la relación entre agentes públicos, políticos y las drogas, es algo que se arrastra desde los años 60 y que tuvo al expresidente Andrés Rodríguez como uno de los casos más emblemáticos. Sostuvo que para quebrar esta relación debe aparecer una nueva camada de dirigentes políticos, remarcando que en la ANR hay demasiada tolerancia con personas relacionadas al narcotráfico, el cual sirve como recaudador para las campañas políticas.
Se suele decir que en el Paraguay existen delitos, pero no delincuentes. Y así ha de ser porque con mucha frecuencia se denuncian o se publican escandalosos faltantes de dinero público, pero rara vez aparecen los responsables, y, si aparecen, no es raro que alguna sentencia judicial absuelva a los responsables, o le aplique alguna pena mínima, luego de largos procesos bombardeados con chicanas, al punto de que cuando concluyen, el caso ya se ha enfriado u olvidado. De recuperar lo robado, ni hablar. A lo sumo, alguna donación insignificante a alguna entidad de beneficencia, o algún trabajo comunitario ínfimo para el responsable. Sobre todo si el caso involucra a un político con apoyo en el Gobierno de turno. Es hora de demostrar que en el Paraguay no solo hay delitos sino también hay delincuentes, y que estos reciben el condigno castigo.
Petropar dilapidará G. 15.000 millones en la instalación de “imagen corporativa” en las 230 estaciones de servicio que operan bajo su emblema. La estatal ya concesionó sus nueve gasolineras, pero aún gastará millones para mejorar los servicentros de sus operadores, varios de los cuales son políticos colorados.