30 de agosto de 2025
Los gremios en que se asocian los prebendarios de toda la República siguen presentando acciones de inconstitucionalidad contra la nueva ley de la Función Pública con argumentos que van desde el supuesto menoscabo a la autonomía municipal hasta la también supuesta lesión a “derechos adquiridos”.
En vísperas de los comicios generales, los diputados aumentaron el Presupuesto de la Cámara en 28.000 millones de guaraníes, para perjudicar al erario en beneficio de sus respectivas clientelas. La infeliz decisión fue apenas debatida y adoptada por cuarenta y seis votos contra tres, correspondientes a los liberales Celeste Amarilla y Celso Kennedy, así como a la encuentrista Kattya González. El resultado demuestra que las múltiples bancadas coinciden en la práctica del prebendarismo y del dispendio irresponsable: aquí no valen las ideologías, suponiendo que los manirrotos con el dinero público las tengan, sino las ganas de favorecer a amigos, parientes o correligionarios que “trabajan” para ellos. Estos privilegiados pueden vagar por los pasillos del Palacio Legislativo, quedarse en sus casas o politiquear por doquier, sabiendo que siempre estarán protegidos por sus padrinos con fueros.
Las desafortunadas declaraciones de Santi Peña respecto a que no son los títulos universitarios los que dan trabajo, sino el partido colorado, dieron motivos para que estalle la opinión pública. Realmente se puede escribir toda una antología con cada disparate que expresa el candidato cartista. En esta oportunidad la afirmación originó miles de comentarios en contra. Sobre todo esa gran masa de jóvenes que con tanta ilusión y mucho sacrificio va a las universidades a formarse para salir a trabajar, se vio frustrada por lo dicho del postulante a presidente.
Una cosa es la violencia psicológica, violencia física que se ejerce contra las mujeres en el ámbito familiar, otra es la denuncia de “violencia política” que se ejerce contra los compañeros y las compañeras que denuncian irregularidades dentro de sus partidos y los prepotentes (que ocupan cargos o reciben dinero) la utilizan para victimizarse y denunciar como violencia física, cuando lo que menos existió fue eso.
Según el senador Abel González (PLRA), la intención de presentar un proyecto de ley para eliminar el desbloqueo de listas y volver a la conocida como “sábana” es porque se favorece sólo a aquellos candidatos con más recursos económicos. Sostiene que muchos optaron por el prebendarismo y compraron votos. Eso se notó en las últimas municipales, dijo.