prebendarismo

Uno de los grandes males de nuestra administración pública es el prebendarismo, estrechamente ligado al clientelismo. Más allá de la corrupción voraz, los cargos superfluos generan gastos innecesarios a costa de los que serían útiles para el bien común, siempre que sean ejercidos por personas idóneas y no por las que solo pueden ostentar su condición de amigas, parientes o correligionarias de la autoridad que las nombró o contrató, al margen de la Ley de la Función Pública. Tal como están las cosas, los alrededor de 340.000 funcionarios y 50.000 contratados insertos en 412 entidades son una carga muy pesada para el país. Los legisladores deberían ser los más interesados en que el dinero de los contribuyentes, a quienes representan, sea bien empleado.

En vísperas de los comicios generales, los diputados aumentaron el Presupuesto de la Cámara en 28.000 millones de guaraníes, para perjudicar al erario en beneficio de sus respectivas clientelas. La infeliz decisión fue apenas debatida y adoptada por cuarenta y seis votos contra tres, correspondientes a los liberales Celeste Amarilla y Celso Kennedy, así como a la encuentrista Kattya González. El resultado demuestra que las múltiples bancadas coinciden en la práctica del prebendarismo y del dispendio irresponsable: aquí no valen las ideologías, suponiendo que los manirrotos con el dinero público las tengan, sino las ganas de favorecer a amigos, parientes o correligionarios que “trabajan” para ellos. Estos privilegiados pueden vagar por los pasillos del Palacio Legislativo, quedarse en sus casas o politiquear por doquier, sabiendo que siempre estarán protegidos por sus padrinos con fueros.

Las desafortunadas declaraciones de Santi Peña respecto a que no son los títulos universitarios los que dan trabajo, sino el partido colorado, dieron motivos para que estalle la opinión pública. Realmente se puede escribir toda una antología con cada disparate que expresa el candidato cartista. En esta oportunidad la afirmación originó miles de comentarios en contra. Sobre todo esa gran masa de jóvenes que con tanta ilusión y mucho sacrificio va a las universidades a formarse para salir a trabajar, se vio frustrada por lo dicho del postulante a presidente.

Observando días atrás el asentamiento de casas precarias en las plazas del Congreso pensé cuán poco eficaz sería hablar a sus pobladores de institucionalidad.

Una cosa es la violencia psicológica, violencia física que se ejerce contra las mujeres en el ámbito familiar, otra es la denuncia de “violencia política” que se ejerce contra los compañeros y las compañeras que denuncian irregularidades dentro de sus partidos y los prepotentes (que ocupan cargos o reciben dinero) la utilizan para victimizarse y denunciar como violencia física, cuando lo que menos existió fue eso.