prebendarismo

Supuestamente era intención de este gobierno racionalizar la organización y el funcionamiento del Estado para mejorar el uso del dinero de los contribuyentes y el servicio estatal a la ciudadanía. En ese orden, dos semanas antes de asumir y con su expreso consentimiento, el 31 de julio de 2023 se presentó al Congreso un proyecto de ley para permitir a las nuevas autoridades avanzar en fusiones y reestructuraciones con el fin de subsanar costosas e ineficientes superposiciones en la administración pública. La Cámara de Senadores, con amplia mayoría oficialista, acaba de otorgarle media sanción a ese proyecto, pero desnaturalizándolo completamente. La versión original del proyecto de ley “Que regula la organización administrativa del Estado” establece un “mandato especial” para el Poder Ejecutivo de analizar en una primera fase la potencial fusión o subrogación de funciones de instituciones públicas en diez casos específicos.

El senador liberal Eduardo Nakayama se refirió a la situación de los casi cuarenta presidentes de seccionales coloradas con altos salarios en el Estado y calificó a los operadores políticos y parientes como la “casta” parasitaria del Paraguay.

Fátima Ayala (HC), presidenta de la Seccional Colorada N.º 434 de Caacupemi, Aregua, presentó una denuncia ante el juzgado de Paz acusando al intendente de Areguá Humberto Denis Torres (HC) de cometer violencia hacia la mujer. Ayala afirma que Denis ejerce violencia política al desplazarla de sus roles políticos como presidenta de seccional.

Uno de los grandes males de nuestra administración pública es el prebendarismo, estrechamente ligado al clientelismo. Más allá de la corrupción voraz, los cargos superfluos generan gastos innecesarios a costa de los que serían útiles para el bien común, siempre que sean ejercidos por personas idóneas y no por las que solo pueden ostentar su condición de amigas, parientes o correligionarias de la autoridad que las nombró o contrató, al margen de la Ley de la Función Pública. Tal como están las cosas, los alrededor de 340.000 funcionarios y 50.000 contratados insertos en 412 entidades son una carga muy pesada para el país. Los legisladores deberían ser los más interesados en que el dinero de los contribuyentes, a quienes representan, sea bien empleado.

En vísperas de los comicios generales, los diputados aumentaron el Presupuesto de la Cámara en 28.000 millones de guaraníes, para perjudicar al erario en beneficio de sus respectivas clientelas. La infeliz decisión fue apenas debatida y adoptada por cuarenta y seis votos contra tres, correspondientes a los liberales Celeste Amarilla y Celso Kennedy, así como a la encuentrista Kattya González. El resultado demuestra que las múltiples bancadas coinciden en la práctica del prebendarismo y del dispendio irresponsable: aquí no valen las ideologías, suponiendo que los manirrotos con el dinero público las tengan, sino las ganas de favorecer a amigos, parientes o correligionarios que “trabajan” para ellos. Estos privilegiados pueden vagar por los pasillos del Palacio Legislativo, quedarse en sus casas o politiquear por doquier, sabiendo que siempre estarán protegidos por sus padrinos con fueros.