2 de octubre de 2025
El funcionamiento de la “mafia de los pagarés”, revelado en las acusaciones del Ministerio Público, evidencia la grosera simulación de notificaciones de los ujieres de los Juzgados de Paz. Estos informaban falsamente haber notificado a los deudores para que se presenten a reconocer sus firmas, ya que la única forma de estar en pocos minutos en lugares tan alejados unos de otros, es siendo omnipresente.
Para las 8:00 de este lunes está prevista la audiencia preliminar de la ex jueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Carolina Irún Ayala, acusada de presunto prevaricato en la entrega de 310.000 hectáreas de tierra en el chaco, ubicada en zona de Seguridad Fronteriza. La diligencia será ante el juez de Garantías Osmar Legal, quien interina en la causa a su colega Humberto Otazú.
Las imputaciones presentadas contra 63 presuntos involucrados en el esquema de la “mafia de los pagarés” resaltan las actuaciones ilegales de los ujieres, actuarios y jueces de Paz, quienes en contubernio de abogados de empresas de cobranza montaron procesos judiciales que afectaron a centenares de víctimas.
El juez Rodrigo Estigarribia dispuso que los acusados Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Rubén Benítez Gómez, afrontarán juicio. Ambos son señalados como supuestos cómplices del juez de Ybycuí Francisco Goiburú por los hechos de prevaricato y apropiación, pues habrían colaborado para que el magistrado inicie un juicio con un documento sin fuerza ejecutiva contra un artesano.
La defensa del diputado renunciante Orlando Arévalo (ANR-HC) formuló una denuncia ante la Fiscalía contra el juez Osmar Legal, acusándolo de prevaricato. Esto debido a que, según el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, el magistrado actuó para su beneficio en el caso conocido como #LaMafiaManda.
El abogado Enrique Kronawetter denuncia una grosera prevaricación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Fue al declarar inadmisible el recurso presentado contra la prórroga extraordinaria de la Fiscalía en el proceso contra el expresidente Mario Abdo y otros. Según el profesional, la máxima instancia judicial emitió su resolución fuera de los plazos legales previstos. Afirma que se trata de un precedente nefasto para el sistema de Justicia porque se “revive una causa fenecida”.