22 de diciembre de 2025

Las exjuezas de Sentencias de Pedro Juan Caballero, Carmen Elizabeth Silva Bóveda y Ana Graciela Aguirre Núñez, fueron procesadas por supuesta cohecho pasivo agravado y prevaricato. Las audiencias de imposición de medidas para las implicadas en los chats con el ahora difunto exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, divulgados por ABC en el marco de la investigación #LaMafiaManda; serán recién en febrero de 2026.



En la acusación presentada contra 61 encausados por el caso “mafia de los pagarés” el Ministerio Público revela un rosario de irregularidades en la tramitación de expedientes en los juzgados de Paz de La Catedral 2° Turno, La Encarnación, San Roque y La Recoleta. De 2.271 expedientes analizados, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero detectaron 791 casos de notificaciones “voladoras” y otras anomalías en 675 resoluciones dictadas por los jueces acusados.

El Ministerio Público presentó acusación contra cuatro jueces de Paz por el esquema conocido como la “mafia de los pagarés” y piden que vayan a juicio junto 8 ujieres, 9 actuarios, 13 oficiales de Justicia y 27 abogados por presunto prevaricato, producción de documentos no auténticos y otros hechos punibles. La colaboración de 4 ujieres fue fundamental para que la Fiscalía confirme su teorías sobre el funcionamiento de la organización criminal, que era encabezada por los propios magistrados. Estos se quedaban con “la mayor parte de dinero”.

La jueza de Paz de La Catedral 2° Turno Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, procesada en el caso de la “mafia de los pagarés”, denunció a los fiscales encargados de la investigación, por supuesto prevaricato y otros hechos punibles. En su denuncia la magistrada afirma que los agentes del Ministerio Público vulneraron garantías del debido proceso, poniendo “en riesgo” una causa emblemática.

La exjueza de Paz del distrito de San Roque (Asunción) Liliana Mabel González de Bristot, procesada por el caso “mafia de los pagarés”, tiene medidas alternativas a la prisión bajo una fianza real de G. 200 millones, además de prohibiciones. En el marco de la misma causa penal, el juzgado de Garantías ratificó la validez de la imputación contra la jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analia Cibils Miñarro.

El juzgado de Garantías elevó a juicio oral la causa penal que afronta la ex jueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Carolina Rosa Irún Ayala, acusada de supuesto prevaricato en la entrega de 310.000 hectáreas de tierra en el Chaco, en la zona de seguridad fronteriza. Es la segunda vez que el caso se eleva a la siguiente etapa, debido a que el primer auto de apertura a juicio oral fue anulado por la Cámara de Apelaciones, en noviembre de 2024.