Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, decía Santos Discépolo, sin imaginar que el Congreso paraguayo sería la réplica exacta del más despreciable cambalache donde la moral y la vergüenza se cotizan al valor de un paseo de playa o un boleto de avión. “Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón”, decía también el famoso autor argentino. Con total desfachatez, el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, trató de justificar el gasto de 14 pasajes a Estados Unidos, más 13 víaticos de los 15 diputados que viajaron, pagados con el dinero de todos los paraguayos. Quince diputados que ni siquiera han recibido una invitación oficial del Gobierno norteamericano pero que se han colgado de una conveniente oportunidad de realizar un viajecito, allí donde su líder no puede entrar, pero donde ellos son capaces de sacrificar hasta su propia vergüenza, si es que aún les queda, para dar un paseo y conocer algunos museos.
En más de un sentido, los legisladores paraguayos son ciudadanos de primera, pues el común de sus compatriotas está bien lejos de gozar de sus diversas prerrogativas. Se comprende que tengan la inmunidad que impide detenerlos, salvo que sean hallados en flagrante delito que merezca pena de prisión, aunque tiendan a convertirla de hecho en impunidad, mediante el uso indebido de influencias en el Ministerio Público y en la judicatura, y también tienen por costumbre instalar ilegalmente a sus allegados en un cargo público. La cuestión es que sus privilegios van mucho más allá de los fueros. Pero el buen pasar de nuestros legisladores, cuyas decisiones legislativas muchas veces tienden más a beneficiar a sus allegados y a sí mismos, no termina para ellos una vez que se ven obligados a dejar sus bancas. En efecto, se han adjudicado una envidiable jubilación de privilegio, tanto ordinaria como extraordinaria, que vulnera el principio de igualdad ante las leyes.
Varios integrantes de las Fuerzas Armadas, que actualmente realizan tareas administrativas, aparecen como beneficiados con millonarias bonificaciones por exposición al peligro. Esta asignación figura en el presupuesto de este año, pero la prioridad de un mayor porcentaje era para el personal que presta servicio en el CODI, según una orden especial de enero pasado. El ministro de Defensa, Óscar González, prometió verificar la situación.
El presidente Santiago Peña (ANR) se burla de los trabajadores del país al proponer el aumento de la dieta de G. 5 millones para los 80 diputados y 45 senadores. De aprobarse, crecerá aún más la odiosa brecha entre la casta de altos funcionarios y el trabajador común. Esto sin contar el bajo nivel de preparación y varios procesados por crímenes.
El presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, solicitó acceder a un régimen de alimentación saludable y diferenciado en la cárcel de Viñas Cue. Su abogado, el defensor Álvaro Arias, justificó el pedido argumentando que su cliente se sometió a una cirugía de bypass gástrico en el 2020, por lo que debe consumir alimentos saludables, ricos en proteínas y con cierto déficit de calorías, bajo la supervisión constante de nutricionistas.
En lo esencial, los legisladores sancionan leyes y controlan a los otros poderes del Estado, en representación del pueblo que los elige cada cinco años, pudiendo reelegirlos por tiempo indefinido. Sus importantes funciones y el alto honor que tienen gozan de la protección especial de la inmunidad, además de otros privilegios extraordinarios vedados al común de la gente. En contrapartida, sus labores no son extenuantes, pues las sesiones plenarias y de comisiones duran no más de ocho horas semanales, con “vacaciones” que van del 21 de diciembre al 1 de marzo. Y bien, pese a sus envidiables condiciones de trabajo, por así llamarlas, los parlamentarios suelen tener el pésimo hábito de no asistir a las sesiones, sin causa justificada.