Durante la dictadura, cuando algún abuso de tinte político cometido por el régimen se presentaba ante la Justicia, los jueces y la Corte Suprema lo declaraban “no judiciable”, escudándose sumisa e inconstitucionalmente en el permanente estado de sitio. Con más de 35 años de democracia, sigue ocurriendo lo mismo con Itaipú. El escandaloso caso de los pupitres chinos es el último triste ejemplo. Pusilánimemente, los organismos institucionales de la República se apuran a lavarse olímpicamente las manos bajo la falaz excusa de la binacionalidad, cuando en ningún lugar de la Constitución Nacional se establece que ello los exime de cumplir su obligación de proteger los recursos de los ciudadanos y de hacer respetar el orden jurídico paraguayo.