Procuraduría General de la República (PGR)

El juicio de reparación del daño en contra de los exministros de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo y Rody Adán Godoy y la exdirectora de Administración y Finanzas de la institución Maristela Azuaga continúa este lunes, a las 10:00, con los alegatos finales de la última defensa. El Estado, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), exige casi G. 69.000 millones a los condenados.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lanzó una nueva convocatoria de acreedores, con resoluciones judiciales firmes, para celebrar acuerdos que pongan fin al conflicto y obtener de esa manera prioridad en el cobro, pero a cambio de una quita a favor del Estado paraguayo.

La Procuraduría informó que el remate de las viviendas de las 32 familias que debían beneficiarse con un préstamo de la entonces Senavitat, a través de una cooperativa de nombre Covitava, dependerá del proceso judicial en curso. Asimismo, la institución negó que haya solicitado G. 900 millones a las familias y aseguró que fue una mala interpretación de las explicaciones.

Marco Aurelio González, procurador general de la República, explicó algunos detalles de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Carrera y Servicio Civil, que modifica la Ley de la Función Pública, que fue promulgada hoy, pero entrará en vigencia recién en seis meses.

La presidenta de un Tribunal de Sentencia ordenó el embargo sobre los bienes de Gladys Cardozo, exministra de la Secretaria de Emergencia Nacional; y de Aníbal Benítez, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, hasta cubrir la suma de Gs. 2.482.950.000, más los gastos de justicia estimados en Gs. 248.295.000. Ambos fueron condenados por lesión de confianza a 2 años de cárcel, con suspensión de la ejecución de la pena.