3 de abril de 2025
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lanzó una nueva convocatoria de acreedores, con resoluciones judiciales firmes, para celebrar acuerdos que pongan fin al conflicto y obtener de esa manera prioridad en el cobro, pero a cambio de una quita a favor del Estado paraguayo.
La Procuraduría se constituyó en la Finca 916 de Remansito, con orden judicial, para constatar la población rural del lugar. Existen sospechas de que una estancia es manejada por los propios pobladores. Se encontraron animales, cerco perimetral y hasta un tajamar. Los pobladores aseguran que todo fue comprado e instalado por la comunidad.
El procurador general de la República informó que detectaron la existencia de una aparente estancia en la Finca 916, en zona de Villa Hayes, que pertenece al Estado paraguayo. Junto con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y otras instituciones, se están realizando inspecciones con drones.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), con patrocinio de la Procuraduría General de la República (PGR), recusó al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, de entender en las acciones de inconstitucionalidad promovidas por “Pro Confort Paraguay SACI” y “LA Business” para ingresar productos al mercado paraguayo “puenteando” el Código Sanitario y normas afines. Con la venia de la máxima instancia del Poder Judicial, desde hace casi una década que empresas desconocidas han logrado importar alimentos, bebidas y afines sin las exigencias que rigen para garantizar la seguridad e inocuidad de los mismos.
La Cámara de Apelaciones confirmó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en la causa que investiga la presunta lesión de confianza con el fallido metrobús, que ocasionó un perjuicio de US$ 25 millones al Estado. Ahora el juzgado de Garantías tiene vía libre para fijar nuevamente fecha para la audiencia preliminar, a fin de resolver si el ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona va a juicio oral.
Las medidas cautelares otorgadas por la Corte, que permiten la importación de alimentos y bebidas sin registro sanitario, generan desigualdad en el mercado y ponen en riesgo la salud de los paraguayos. Así lo afirmó el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marco González, que impulsó acciones intentando contener la “lluvia de pedidos” de firmas, varias de ellas de maletín, que quieren “puentear” las normas sanitarias.