24 de junio de 2025
Las entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) como porcentaje del PIB en las economías en desarrollo fueron de solo 2,3%, la mitad del nivel observado en 2008, año que marcó un pico en esta variable. En las economías avanzadas se observó desaceleración: en 2023 recibieron solo US$ 336.000 millones, su menor registro desde 1996. Por otro lado, datos del BCP revelaron que en 2023, Paraguay registró un flujo neto positivo de US$ 324 millones en inversión directa, debido a un ingreso bruto de US$ 2.326 millones frente a salidas de US$ 2.002 millones, con saldo neto que, si bien es inferior al pico de US$ 803 millones en 2022, mantuvo ciertamente la tendencia positiva.
El estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que del total de inversiones proyectado para Latinoamérica, 9% corresponde a infraestructura nueva, mientras que el 41% deberá orientarse al mantenimiento y reposición de activos ya existentes, muchos de los cuales se acercan al final de su vida útil. Así, para cerrar la brecha existente y avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible a 2030, se requiere un esfuerzo adicional significativo por parte de los gobiernos de la región.
Por el tamaño y crecimiento de su economía, Paraguay se ubica en el puesto 14 de los 20 países de la región y en el 99 a nivel mundial. En relación con el Índice de Prosperidad, que analiza el PIB per cápita, coeficiente de Gini y tasa de pobreza, alcanza una calificación de 28,79/100, ubicándose en el puesto 14 de 23 naciones de América.
La deuda pública se refiere a los montos adeudados por los diferentes niveles de gobierno y que se utiliza para financiar los déficits públicos resultantes de programar un mayor nivel de gasto público que los ingresos presupuestados. La deuda puede ser adquirida dentro del mismo país o en el extranjero y por lo general asume la forma de bonos, papeles y valores gubernamentales (aunque en algunos casos la deuda es adquirida directamente a través de un organismo supranacional como el FMI), de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Los gastos tributarios, es decir, los recursos que los Estados dejan de percibir debido a la aplicación de exenciones, deducciones, créditos o tasas reducidas, representan una parte significativa del esfuerzo fiscal en América Latina y el Caribe. Estos beneficios fiscales, concebidos con el objetivo de fomentar determinadas actividades económicas o sociales, equivalen en promedio al 4,0% del Producto Interno Bruto (PIB) regional, de acuerdo con datos compilados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Oxfam. Además, representan el 25% de los ingresos tributarios y el 19% del gasto presupuestario total del Gobierno Central, lo que revela la magnitud del costo fiscal que implican estas medidas.