La lacerante realidad de los indígenas que acampan y mendigan con niños pequeños en condiciones infrahumanas en Asunción y otras ciudades plantea, además de un conflicto ético, una gran contradicción. Según la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la pobreza extrema medida por indicadores monetarios afecta al 3,9% de la población, lo que equivale a aproximadamente 300.000 personas o 60.000 familias, entre las cuales una alta proporción pertenece precisamente a comunidades nativas. Sin embargo, el Estado paraguayo mensualmente distribuye subsidios directos destinados supuestamente a aliviar las condiciones de los más pobres a más de 600.000 beneficiarios, al margen de los diversos servicios públicos en áreas sociales, que año a año consumen miles de millones de dólares del Presupuesto. Evidentemente, algo no está funcionando.