La jueza de Garantías Clara Ruiz Díaz Parris se inhibió de la causa que afronta el ex ministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola (PDP), por supuesta lesión de confianza en la compra irregular de helicópteros para la Policía Nacional. La decisión de la magistrada se dio luego de la audiencia preliminar realizada esta mañana, en la que el Ministerio Público solicitó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo del legislador.
El senador Rafael Filizzola (PDP) señaló que las acciones del fiscal Lorenzo Lezcano reveladas en los últimos chats son escandalosas y que urge que el Poder Ejecutivo intervenga de raíz, cambiando a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que es designada por este poder del Estado. Resaltó que es evidente que hay “un interés político” de blanquear al agente Lezcano.
El senador Rafael Filizzola remarcó que tras la situación que saltó hoy, queda en evidencia el motivo por el cual tanto se aferraron a que Orlando Arévalo forme parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Señaló que todos los implicados en los chats de Lalo Gómez son agentes del crimen organizado y sostuvo que el país necesita una cirugía mayor para erradicar la podredumbre que la está afectando.
Parlamentarios de la oposición son vehementes al afirmar que los involucrados en el esquema de tráfico de influencias revelados en la investigación del caso Lalo Gomes deben afrontar procesos en la Justicia. Uno de ellos es el diputado cartista Orlando Arévalo, quien podría perder su investidura, según lo afirman sus propios correligionarios que califican el hecho como “grave” en caso de ser comprobado.
El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), y la senadora Esperanza Martínez, de la Concertación Frente Guasu, presentaron un proyecto de resolución a la Comisión Permanente por el cual piden informes al Ministerio del Interior, sobre el costo de los aranceles que deben pagar los postulantes para ingresar al Colegio de Policía y a la Academia.
El legislador del Partido Democrático Progresista, Rafael Filizzola, consideró como algo sumamente grave que el fiscal general del Estado y los investigadores de la causa se nieguen a dar a conocer los avances en esta investigación que ya lleva casi tres años y, por sobre todo, que se rehúsen a permitir que la familia tenga acceso a la carpeta fiscal.