Con el objeto de intentar, por sexta ocasión, llevar a cabo la audiencia preliminar en el caso metrobús, el exministro de Obras Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra de Administración Martha Benítez fueron convocados para el mes de marzo por el juez Humberto Otazú. Ambos fueron acusados por la fallida obra, que provocó al Estado paraguayo un perjuicio de G. 180.030.528.699 (casi US$ 23 millones).
El ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona presentó recusación contra el juez de Garantías que está a cargo de la causa abierta por el caso Metrobús y en consecuencia, se suspendió la audiencia preliminar, cuyo inicio estaba previsto para este lunes. La Fiscalía pide que el ex titular del MOPC y otra ex funcionaria acusada vayan a juicio oral y público, por presunta lesión de confianza.
En la última semana de agosto se intentará nuevamente llevar a cabo la audiencia preliminar del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona y otra acusada de supuesta lesión de confianza en el caso metrobús. La Fiscalía pide que vayan a juicio oral y público, por haber ocasionado un daño de US$ 25 millones al Estado paraguayo.
Para el 23 y 24 de julio fueron convocados por el juez Humberto Otazú el extitular de Obras Ramón Jiménez Gaona y dos procesados más, por el caso metrobús, que causó un daño de US$ 25 millones al Estado paraguayo.
Un Tribunal de Apelación en lo Penal ratificó la resolución del juez Humberto Otazú, quien en mayo último, admitió los informes periciales vinculados a la investigación del fallido proyecto del metrobus. La defensa de los acusados, entre ellos el exministro de Obras Ramón Jiménez Gaona, había incidentado al considerar que la Fiscalía agregó dichos elementos en forma extemporánea. Con esto hay vía libre para que se fije nueva fecha para la audiencia preliminar.
Los recursos de apelación del exministro del MOPC Ramón Jiménez Gaona y los otros dos acusados no tuvieron curso en la Cámara y hay vía libre para realizar la audiencia, tras la cual se resolverá si van a juicio oral por perjuicio de US$ 25 millones al Estado con la fallida obra del metrobús. Los camaristas coinciden en que acción de inconstitucionalidad no suspende el proceso.