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La reforma de la Caja Fiscal, aprobada con celeridad en la Cámara de Diputados la semana pasada, revela una verdad incómoda sobre el Estado paraguayo: un crónico abandono e irresponsabilidad que permitió que el sistema previsional público acumule déficits millonarios durante años, mientras ciertos sectores mantienen privilegios intocables sin empacho y a la vista de la ciudadanía. El problema no comenzó con este Gobierno, sin duda, pero sus integrantes, empezando por legisladores que representan al cartismo gobernante, no quieren desprenderse del todo de irritantes privilegios mientras lo exigen para otros sectores. El Senado tiene ahora la oportunidad de corregir este rumbo: o se avanza hacia un sistema equitativo para todos, o se confirma que las reformas son solo para los de abajo.

El proyecto de reforma de la Caja Fiscal aprobado en Diputados, con modificaciones, es una solución intermedia para reducir el déficit de la Caja Fiscal, pero de ninguna manera es una solución duradera, opinó el ex ministro de Hacienda Dionisio Borda. Plan será analizado en Senado mañana, en tanto más sectores se van adhiriendo al paro, entre ellos la UNA .

La fijación de una edad mínima de jubilación es un cambio estructural importante, como también el incremento del aporte, aunque “no es lo óptimo”, es un avance, ya que esos cambios ayudarán a frenar la situación catastrófica de la Caja por el momento, coincidieron los ex ministros César Barreto y Benigno López.

En pleno receso parlamentario, la Cámara de Diputados dio media sanción a sendos proyectos de ley, que apuntan a reformar las Cajas Fiscal y Parlamentaria, aunque las respectivas leyes a ser eventualmente promulgadas regirán recién desde el próximo año. La necesidad de reformar el sistema de jubilaciones y pensiones del sector público es innegable. Tal como están las cosas, la Caja Fiscal es simplemente insostenible. Por su parte, probablemente debido al generalizado repudio ciudadano, la Cámara Baja se vió obligada a ser menos generosa consigo misma que el Poder Ejecutivo, al disponer en el proyecto aprobado que “está expresamente prohibido todo aporte, subsidio, garantía o respaldo financiero del Estado, en cualquiera de sus formas, al patrimonio en cuestión”. Pero esta disposición no tiene rango constitucional, de modo que podrá ser modificada en todo momento, incluso a través de la próxima ley presupuestaria.

Economistas coincidieron durante una audiencia pública en el Congreso en que el proyecto de reforma de la Caja Fiscal no resolvería de fondo el déficit del sistema y seguiría implicando un alto costo para el Estado. Señalaron la necesidad de revisar la edad jubilatoria, el tiempo de aportes y el aporte patronal. Esto en un contexto donde el 70% de la población no accede a una jubilación.