10 de marzo de 2026

En alerta y en pie de guerra están los docentes por el posible tratamiento del plan de reforma de la Caja Fiscal esta semana, que si bien no fue incluido en agenda de la sesión ordinaria del miércoles, podría ser tratado igualmente en una sesión extra. Habría un avance en la negociación con el Ejecutivo, pero los gremios se mantienen cautos y acompañaran con paros y movilizaciones desde hoy


Desde el sector de la UNA, que fueron invitados a último momento para participar de la mesa técnica, manifestaron preocupación por una fuga de cerebros que se está dando a partir de la aprobación a tambor batiente del proyecto de reforma de la Caja Fiscal en Diputados. Pidieron coherencia y presentaron una propuesta de modificación


El sistema previsional del sector público vuelve al centro del debate económico. La versión con media sanción del Proyecto de Ley “De reforma de la Caja Fiscal”, aprobada por la Cámara de Diputados en febrero de 2026, introduce cambios que modifican de manera sustancial la trayectoria financiera del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público. El análisis fiscal y actuarial del nuevo esquema dado a conocer por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestra que la propuesta corrige de forma efectiva el deterioro proyectado y acerca el sistema a una senda de mayor sostenibilidad en el largo plazo.
Tal como se temía, pese a los discursos, los amagos, las manifestaciones de supuesta preocupación por las finanzas públicas, ni se aprobó la reforma de la Caja Fiscal ni se modificó la jubilación vip de los parlamentarios. Las respectivas postergaciones no auguran otra cosa que el típico oparei. Los analistas ya vaticinan suba de impuestos y posible pérdida del grado de inversión del país. En síntesis, nada ha cambiado: el 10% de la fuerza laboral sigue manteniendo sus privilegios a costillas del otro 90%. La postergación de esta reforma tiene altos costos para el país. Aun si se llegara a aprobar una versión suavizada, como se comenta, ya sería insuficiente para aplacar el peso sobre las cuentas nacionales, sobre todo porque el Gobierno tampoco redujo el gasto público en otras áreas y soporta fuertes presiones fiscales, con deudas vencidas con proveedores y contratistas que rondan los 1.000 millones de dólares.

En tanto se debaten las modificaciones en el régimen de jubilaciones del sector público y tras la postergación del estudio de la ley de reforma en el Congreso, desde diferentes sectores afectados prosiguen con los actos de protestas, paro de actividades e incluso de renuncias masivas, ante un inminente cambio en la edad mínima para acceder a la jubilación.