reformas estructurales

El nuevo Gobierno tiene en su agenda un paquete de reformas estructurales de extraordinaria importancia para la marcha y el futuro del país. Algunas no son especialmente polémicas y no revisten mayor dificultad, pero otras son sumamente complicadas desde el punto de vista político, porque afectan en el corto plazo a algunos intereses sectoriales y grupos de presión que tratarán de boicotearlas por todos los medios. Entre estas últimas hay que mencionar la reestructuración del Estado, la creación de un órgano de supervisión de jubilaciones y pensiones, la reforma de la Caja Fiscal y la nueva ley de la función pública. Las primeras semanas serán claves para avanzar en estas áreas. Después probablemente ya será tarde.

Hay seis proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo al Congreso relativos a reformas estructurales, no solamente del Estado, sino también de otras áreas del funcionamiento institucional y económico, más otros tres que se presentarán antes del fin de este período gubernamental, según anunció el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas. Por lo que se sabe y por lo que han manifestado sus voceros, todos cuentan con el visto bueno del Gobierno que asumirá el 15 de agosto, por lo que solo resta esperar que el nuevo Poder Legislativo los trate cuanto antes con las debidas celeridad y responsabilidad. Es hora de que los congresistas comiencen a darle máxima prioridad a los grandes temas nacionales y a demostrar a la ciudadanía que están a la altura.

A semanas de que asuma el nuevo Gobierno bajo la dirección de Santiago Peña, han surgido una serie de iniciativas de leyes que apuntan a transformar la estructura de varias dependencias del Estado. La reconfiguración del funcionamiento de entidades claves generó posiciones dispersas, al considerar que el paquete de reformas es presentado con celeridad y sin debate previo alguno.

Los dos últimos gobiernos, si incluimos el saliente de Mario Abdo Benítez, también impulsaron decisiones económicas de importancia. Por mencionar, durante la administración de Horacio Cartes el acceso a la información pública se convirtió en una herramienta en el proceso de transparencia. En tanto que, en el actual periodo presidencial, destacan la ley de bancos que otorga mayor potestad al Banco Central del Paraguay en la toma de decisiones con relación a los parámetros de aplicación para la estabilidad del sistema financiero.

El fondo de salud del Instituto de Previsión Social está en una situación de déficit crónico y acumula una deuda de 230 millones de dólares con proveedores. Ello ha motivado un polémico proyecto de ley que ha adquirido el mote de “ley de bicicleteo”, el cual le permitiría a dicho fondo obtener préstamos para cubrir compromisos que no está pudiendo solventar con sus recaudaciones ordinarias. En realidad, lo cuestionable de este proyecto es que se trata de un simple parche para tapar el agujero, con el potencial de agravarlo en el futuro, mientras en los distintos estamentos responsables, e incluso en el conjunto de la sociedad, se sigue haciendo la vista gorda ante la gravísima cuestión fundamental, que es la propia sostenibilidad financiera no solamente del fondo de salud, sino, a mediano plazo, de todo el modelo del IPS, y ni hablar de la seguridad social en el país.