15 de abril de 2025
La ley que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional (RUN) afecta directamente a la autonomía de los más de 260 municipios del país, señaló César Florentín, ingeniero geodésico ambiental. Además, como si no fuera suficiente, añadió, se sentencia que “solo serán de acceso público las copias que instrumenten actos, documentos o cualquier otro tipo de instrumento con una antigüedad mínima de ochenta años”.
La promulgación de la Ley 7424/2025 que crea el Registro Único Nacional (RUN) fusionará varias instituciones clave, que simplificará los trámites inmobiliarios en Paraguay. Lourdes González, directora de Registros Públicos, explicó los desafíos y pasos necesarios para su implementación, que incluyen infraestructura, tecnologías y capacitación de funcionarios.
El presidente de la República, Santiago Peña, resaltó en conferencia de prensa las dos últimas leyes promulgadas, las cuales, según su perspectiva, tendrán una gran relevancia e impacto en lo económico y social. Además, celebra el reconocimiento de la calificadora Standards & Poor’s y aseguró que el Paraguay llegará al grado de inversión.
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7424/2025 que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Registro Unificado Nacional (RUN) que fusiona la Dirección de Catastro (MEF), Registros Públicos (Corte Suprema) y el Departamento de Agrimensura (MOPC), esto a fin de buscar una salida a las constantes problemáticas para las gestiones inmobiliarias.
La Cámara de Diputados votó a favor de la versión del Senado del proyecto que crea el Registro Unificado Nacional, que fusiona la Dirección de Registros Públicos, el Departamento de Geodesia y Agrimensura y la Dirección Nacional de Catastro. La versión que pasa para la promulgación acelera el otorgamiento de certificados de dominio.
La Cámara de Diputados sancionó y remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) en su versión Senado, que vuelve “optativo” la exigencia del certificado de condición de dominio. Opositores reiteraron que la postura del Gobierno representa un riesgo para la seguridad jurídica y abre la puerta para el “trato kure”. Insistieron que estos reclamos fueron desoídos y hasta se censuró el debate en la sesión ordinaria.