El policía Gustavo Florentín, procesado por el asesinato del dirigente del PLRA, Rodrigo Quintana, será remitido a la cárcel de Tacumbú luego de ser detenido en Areguá por presunto narcotráfico. Paralelamente, ahora lo identificaron también en dos asaltos.
A cuatro meses de que se cumplan ocho años del asesinato de Rodrigo Quintana, caso en que están vinculados Horacio Cartes y José Ortiz como supuestos responsables intelectuales, el desconsuelo y la desesperanza de su padre Fidelino Quintana se dan dentro del marco de las chicanas presentadas ante las autoridades judiciales que dejaron fuera a la familia. El caso sigue sin resolverse.
El suboficial de la Policía Nacional Gustavo Adolfo Florentín Silva afrontará juicio oral y público por homicidio doloso agravado del activista liberal Rodrigo Quintana. Así lo resolvió un Tribunal de Apelación, al rechazar la apelación planteada por la defensa del único acusado por el crimen ocurrido durante el atropello a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico el 31M de 2017.
Un Tribunal de Apelación confirmó la resolución de la jueza Diana Carvallo, a través de la cual le había negado en julio pasado la entrega de copias espejo de las filmaciones de circuito cerrado del asesinato de Rodrigo Quintana, a la defensa del acusado suboficial Gustvo Florentín. La magistrada, al rechazar hacer entrega de las imágenes, señaló que los elementos ya se entregaron anteriormente al policía.
La defensa del suboficial de la Policía Nacional Gustavo Florentín apeló la resolución que elevó a juicio oral y público la causa que afronta por el homicidio doloso del activista liberal Rodrigo Quintana, ocurrido durante el atropello a la sede del PLRA en el caso 31M. Argumenta varios errores en el proceso y que el cuadernillo de investigación fiscal se presentó 14 días después después de haberse planteado la acusación y pide sobreseimiento definitivo.
El suboficial de la Policía Nacional Gustavo Florentín afrontará juicio oral y público por homicidio doloso del activista liberal Rodrigo Quintana. Así lo resolvió hoy la jueza penal de garantías Diana Carvallo, al término de la audiencia preliminar realizada en el proceso abierto por el crimen ocurrido durante el atropello a la sede del PLRA el 31M de 2017.